INTA: la Justicia frenó el despido de más de 300 trabajadores y multó al Gobierno
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Además del rechazo en el Congreso, el decreto de transformación del instituto no está vigente por un fallo de la Justicia, por lo que el Ejecutivo está impedido de avanzar en cambios en el organismo
“Atento a ello, corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos $ 10 millones diarios a favor del titular del derecho, las que podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
Asimismo, bajo apercibimiento de disponer la remisión de copias de todo lo actuado -cuyo cargo recae en la parte actora- a la Justicia Federal Penal que por turno corresponda para la averiguación de la posible comisión del delito de desobediencia”.
Estos dos párrafos corresponden a una cédula de notificación del Poder Judicial de la Nación, firmada por la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, y dirigida a las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); es decir, el Poder Ejecutivo nacional.
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¿Por qué la intimación? Porque es la jueza que aceptó la cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) en contra del decreto que 462/2025 que impuso la transformación del INTA en un “organismo desconcentrado” dentro de la Secretaría de Agricultura, y perdiendo su autarquía.
“Desobediencia”
En dicho fallo, Forns le ordenó al Estado que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, arts. 59 a 69 incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”.
Sin embargo, y también pese al rechazo definitivo que tuvo el mencionado decreto en el Congreso, apenas un día después el Poder Ejecutivo avanzó con el pase a disponibilidad de alrededor de 300 agentes del INTA.
Eso es lo que la jueza, tras un nuevo planteo de APINTA, ahora considera una “desobediencia” y no solo ordena que se frene la decisión, sino que advierte que el Gobierno deberá pagar $ 10 millones por día de multa si no la revierte.
