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      Una familia de Tres Arroyos denunció que quedó en quiebra tras un litigio con Walmart

      Así lo asegura información que trascendió a través de Noticias Argentinas y Página/12

      21 de abril de 2026 | 23:42
      Walmart. Foto NA: Juan Vargas.
      Walmart. Foto NA: Juan Vargas.
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      Así lo asegura información que trascendió a través de Noticias Argentinas y Página/12. El caso se originó en un fallido proyecto comercial iniciado en 2013
       

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      Una familia de Tres Arroyos denunció haber sido llevada a la quiebra tras un extenso litigio contra la empresa Walmart Argentina, en el que, pese a no obtener indemnización alguna, fue obligada -afirma- a afrontar honorarios profesionales que superan los 5.200 millones de pesos.

      El conflicto se remonta a 2013, cuando los damnificados firmaron un contrato con la multinacional para la construcción de un supermercado en un predio de su propiedad, ubicado en avenida San Martín, que sería alquilado por un período de 30 años. Según indicaron, la firma ocupó el terreno durante casi cuatro años sin abonar alquiler ni impuestos, y finalmente desistió del proyecto al considerar que ya no era prioritario.

      De acuerdo a información de Noticias Argentinas, ante esa situación, la familia inició una demanda por daños y perjuicios que, sin embargo, fue rechazada por la Justicia por un “mal encuadre jurídico”. Como consecuencia, se dispuso que los demandantes debían afrontar los honorarios de los abogados de la empresa, fijados en 56.993 UMAs, lo que equivale a más de 5.270 millones de pesos a valores actualizados.
      El nombre de la familia no se publicó y La Voz del Pueblo no lo pudo confirmar, al menos hasta el momento de realizar la presente nota.
      Según se informó, la resolución fue convalidada en instancias superiores, lo que derivó en la declaración de quiebra del grupo familiar. Dieron a conocer que sus bienes están siendo ejecutados y sometidos a proceso de subasta.

      Los afectados sostienen que el caso constituye una grave vulneración del derecho de acceso a la Justicia, al considerar que las costas impuestas resultan “desproporcionadas” y desalientan cualquier reclamo judicial. “Nadie debería enfrentar el riesgo de perderlo todo por intentar hacer valer sus derechos”, expresaron.

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      Asimismo, denunciaron presuntas irregularidades en el proceso, incluyendo la forma en que se determinaron los honorarios y un supuesto trato desigual en las distintas instancias judiciales. En ese marco, impulsaron presentaciones penales y recursos ante tribunales superiores.
      El expediente también llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el recurso extraordinario, aunque aclaró que ello no implicaba convalidar el contenido del fallo. En paralelo, continúan los planteos ante la Suprema Corte bonaerense y no se descarta una presentación ante organismos internacionales.

      Un antecedente

      En ese sentido, los denunciantes compararon su situación con el antecedente “Cantos vs. Argentina”, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002, donde se cuestionaron sanciones económicas consideradas excesivas y contrarias al acceso efectivo a la Justicia.
      Mientras tanto, la familia asegura atravesar no solo un perjuicio económico, sino también un fuerte impacto en su salud y calidad de vida, tras más de una década de conflicto judicial.

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