Por la deuda de una obra de cloacas, el municipio demandará al Estado Nacional
De este modo la gestión del intendente Miguel Gargaglione recurrirá a la Justicia Federal y para ello contrató en forma directa a abogados externos. El municipio lo anunció oficialmente en sus redes sociales, y el reclamo a valores actualizados supera los 160 millones de pesos
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En un hecho calificado como “excepcional” para la gestión municipal del intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, la secretaria de Gobierno, Melisa Eriksen y la asesora legal, Anyelén Benítez brindaron detalles sobre la estrategia jurídica para recuperar fondos adeudados por la obra de cloacas en Boca del Tigre.
En dependencias del municipio se realizó el anuncio que fue compartido por las redes sociales oficiales y que está dirigido a defender el patrimonio sancayetanense, que a valores actualizados por inflación supera los 160 millones de pesos por la obra conveniada en 2022.
Ante la falta de respuestas de la gestión del nuevo Gobierno Nacional iniciada en diciembre de 2023 -y por la deuda pendiente- el Ejecutivo municipal confirmó la contratación de un equipo jurídico externo para iniciar acciones legales, una medida que busca resguardar los recursos de todos los vecinos del distrito vecino.
Necesidad de especialistas
La secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen, inició el anuncio aclarando que el conflicto surge por el incumplimiento de un convenio donde el Estado Nacional se comprometía a financiar la obra de cloacas de Boca del Tigre.
Según explicó la funcionaria la decisión de buscar asesoría fuera del plantel municipal se tomó con “suma responsabilidad institucional”, priorizando la eficacia en un terreno legal complejo.
“Se decidió contratar abogados externos con conocimiento en la materia y experiencia concreta en litigios contra el Estado Nacional”, señaló Eriksen.
La funcionaria detalló que este tipo de procesos exige no solo poseer una matrícula federal, sino también manejar normativas y procedimientos específicos que exceden las tareas habituales de la asesoría legal local.
Un paso obligatorio
Por su parte la asesora legal de la comuna, Anyelén Benítez, reforzó la legalidad y la urgencia del procedimiento. Debido a la existencia de “plazos perentorios” tanto administrativos como judiciales, el municipio optó por una contratación directa tal como lo permite la ley tras evaluar la idoneidad de los profesionales elegidos.
Benítez destacó que esta acción no es una mera alternativa política, sino un deber de la administración. “Recordamos la importancia y la obligación de reclamar esta deuda. No es una opción que tiene el municipio, sino una obligación”, resaltó.
La funcionaria mencionó que incluso funcionarios nacionales comprendieron que este es el paso legal lógico que debe dar el intendente Gargaglione –de la UCR en Juntos- para cumplir con sus funciones. Fue en el marco de un encuentro que mantuvieron “la semana pasada”.
Un antecedente histórico
La relevancia de este movimiento judicial se refleja en las estadísticas de la comuna. Se trata de la primera vez que la Municipalidad de San Cayetano litigará contra el Estado Nacional.
A pesar de ser una práctica común en otros distritos para el cobro de tasas, en San Cayetano la asesoría legal interna suele absorber todos los casos.
“En 18 años de gestión del intendente, es la segunda vez que se van a contratar abogados externos”, puntualizó Eriksen al subrayar que la complejidad del caso lo exige.
Aunque la presentación del juicio no garantiza un resultado inmediato, desde el municipio aseguran que es fundamental dar la batalla legal para proteger los recursos que pertenecen a la comunidad.
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