Más del 50% de los chicos que delinquen, son hijos de personas con antecedentes
La doctora Marina Vizzolini en diálogo con LA VOZ DEL PUEBLO en su despacho de la Fiscalía de Menores
En una entrevista exclusiva con LA VOZ DEL PUEBLO, la fiscal de Menores, doctora Marina Vizzolini, reconoció el porcentaje que observa en nuestro distrito y, además, se refirió al alcance de la reciente reforma de la Ley Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. Dónde se da la mayor injerencia de menores en el delito de Tres Arroyos. La responsabilidad de los padres y la vulnerabilidad
Por Enrique Mendiberri
En Tres Arroyos, el delito juvenil tiene una cara conocida por la Justicia: diferentes maneras de robos en casas, de motos, daños y una vulnerabilidad social que "hace agua por todos lados", castigada cada vez más por el flagelo de la droga.
Con 14 años de experiencia en el fuero, la fiscal Marina Vizzolini sostiene que más del 50% de los menores que delinquen en la ciudad provienen de familias con antecedentes o entornos en crisis. En este contexto, la reforma legal que entrará en plena operatividad en septiembre no solo trae la imputabilidad desde los 14 años, sino también la responsabilidad civil de los padres.
Para Vizzolini, el cambio es necesario porque el sistema anterior era "obsoleto", aunque advierte que la ley penal es el último recurso: "La realidad es compleja y hay que trabajar en la prevención porque un chico ve y hace lo que hacen sus padres".
La estructura legal que rigió hasta hoy el destino de los menores en conflicto con la ley penal no era solo antigua; era un resabio de una época oscura.
La doctora Vizzolini, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, es contundente al analizar la Ley 22.278, la norma que marcó el ritmo de su trabajo desde que asumió en el fuero en 2008. "Era la ley que regía a nivel nacional, una ley que había quedado obsoleta, que fue muy cuestionada y estaba en vigencia desde hace más de 40 años, luego de ser sancionada durante la última dictadura militar", explica.
Esta transición no es solo un cambio de números o artículos, sino un giro filosófico en la concepción del adolescente. Bajo el régimen que se despide definitivamente el próximo 5 de septiembre, el menor no era una persona con plenos derechos procesales ante la ley, sino un objeto de cuidado —o castigo— bajo la mirada paternalista y, a veces, arbitraria del Estado.
"Era una ley donde los menores eran objetos de proceso, no sujetos de derecho, donde el juez tenía facultades discrecionales, resolvía respecto al menor, no había garantías del debido proceso y se lo sometía a una tutela, a veces, por tiempo indefinido", señala la fiscal. Según su visión, la reforma era un cambio que "se tenía que dar" para saldar una deuda histórica con los organismos internacionales y con la propia Constitución Nacional.
El cambio técnico
Uno de los puntos que más confusión genera en la opinión pública es qué pasaba —y qué pasará— cuando un chico cometa un delito grave.
Hasta hoy, la justicia se encontraba con las manos atadas frente a los "no punibles". Vizzolini relata con crudeza esa limitación: "Cuando un menor no punible cometía un hecho grave, lo único que podíamos hacer era determinar una medida de seguridad, que era una medida de coerción en la que no había garantías, porque el menor no estaba en un proceso penal".
Esa medida se tomaba por el peligro inminente para terceros, pero el resultado solía ser frustrante para la sociedad y para la propia Justicia: "Se lo encerraba en un instituto para hacerle una serie de estudios, pero después ese menor retornaba a su domicilio y a su vida".
Con la nueva Ley 27.801, esa opacidad desaparece. El adolescente ahora pasa a ser un sujeto de derecho con todas las garantías: derecho a ser oído, a un defensor, al principio de legalidad y a una sanción diferenciada de la de los adultos.
Un dato clave para no generar falsas expectativas inmediatas descansa en la operatividad. Aunque la ley se sancionó en febrero y se publicó en el Boletín Oficial el pasado 9 de marzo, existe un periodo de vacancia. "La ley no está operativa hasta el 5 de septiembre, 180 días después de su publicación", aclara la fiscal. Mientras tanto, se seguirá trabajando bajo la vieja ley, realizando la etapa de instrucción local con intervención del Juzgado de Garantías del Joven hasta la elevación a juicio, momento en que, una vez aplicada la nueva Ley, el debate se trasladará a Bahía Blanca.
"Un gran porcentaje de los chicos que tenemos acá (por la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos) vienen de familias muy vulnerables, donde a veces la madre es la única referente familiar, donde lucha con chicos más chicos, con padres ausentes o algún integrante de la familia en situación de encierro"
El mito de la detención
En el café, en las redes sociales y en las charlas entre vecinos de la ciudad, la frase "entran por una puerta y salen por la otra" es moneda corriente.
Vizzolini, con la templanza que le dan años de ver expedientes, desafía ese lugar común. "No me gusta esa palabra (puerta giratoria). Todos los pasos que se cumplen dentro del derecho penal se cumplen de acuerdo a lo que la ley permite. No se han dado libertades porque sí", afirma.
Sin embargo, reconoce que la reiterancia es el gran problema de Tres Arroyos. "He tenido chicos que cometían dos hechos por semana, donde rompían un vidrio para entrar en un local del centro, rompían la caja registradora... eso todas las semanas".
Es precisamente en este punto donde la reforma promete ser una herramienta más eficaz.
Al bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para cualquier delito —sin importar la pena—, la Justicia puede intervenir formalmente antes. "Eso marca una diferencia con el régimen anterior donde los delitos cuya pena no superaran los dos años de prisión quedaban afuera del sistema penal", explica.
Pero advierte: la ley no busca poblar las cárceles de adolescentes. "Con la nueva ley hay un mito de que van a quedar todos detenidos. La detención es el último recurso de una serie de medidas y penas. Se dará en hechos graves y siempre que exista peligrosidad procesal, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio".
El verdadero desafío para Tres Arroyos será usar la ley para frenar la escalada: "El desafío va a pasar por hacer que no repitan episodios para que no se les complique la situación procesal".
La familia en el banquillo
Al profundizar en el perfil del menor que delinque en nuestra ciudad, la fiscal Vizzolini ofrece un dato que estremece por su carga sociológica: más del 50% de estos chicos son hijos o familiares directos de personas con antecedentes penales. "Un gran porcentaje de los chicos que tenemos acá (por la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos) vienen de familias muy vulnerables, donde a veces la madre es la única referente familiar, donde lucha con chicos más chicos, con padres ausentes o algún integrante de la familia en situación de encierro".
“Con la nueva ley hay un mito de que van a quedar todos detenidos. La detención es el último recurso de una serie de medidas y penas. Se dará en hechos graves y siempre que exista peligrosidad procesal, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio”
Esta transmisión casi consuetudinaria no es solo criminal, sino de falta de contención. La fiscal observa que a los 14 o 15 años, muchos ya están fuera del sistema: no estudian ni hacen deportes. "Hacen changas. ¿Y qué pueden hacer? Juntarse con sus pares para hacer cualquier cosa". Aquí es donde existen ciertos cambios normativos que introducen un elemento de presión para el entorno adulto: la responsabilidad civil. Ahora, los padres deberán asumir el resarcimiento económico por lo que hicieron sus hijos, un intento de involucrar a la familia en el "límite normativo" que hoy parece perdido. "La familia no puede operar con los menores. Puede hacerlo desde el afecto y el amor, pero desde el límite se le va de las manos", analiza.
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Entre la sanción y la esperanza
A pesar del panorama complejo y de las falencias habitacionales en los institutos de menores —donde Vizzolini reconoce que existe superpoblación y condiciones críticas—, la fiscal no abandona la misión pedagógica del fuero especializado. La reforma, al eliminar la discrecionalidad del juez que antes podía decidir el destino de un chico recién a los 18 años, busca una justicia más rápida y previsible.
La pregunta que queda flotando en el aire de la Fiscalía es si este sistema realmente logra recuperar vidas. Vizzolini no duda. Al ser consultada sobre si, a lo largo de su experiencia en el Ministerio Público ha conocido casos de chicos que delinquen de jóvenes y luego se transforman en "personas de bien", su respuesta es un "sí" contundente que justifica su carrera. "Sí, tenemos ejemplos. El objetivo del trabajo es hacer todos los días algo puntual o intentarlo".
Para ella, el equilibrio es delicado pero posible: ser la representante de una sociedad que exige seguridad y de las víctimas que buscan respuestas, sin olvidar que el adolescente es un sujeto en pleno desarrollo biológico cuyo cerebro aún no está conformado como el de un adulto. "Siendo un trabajador de un fuero especializado, no se puede trabajar sin ese norte. Es la misión de este fuero", concluye, dejando en claro que, a partir de septiembre, el fuero en el que se desempeña tendrá una nueva herramienta, pero que la solución definitiva seguirá dependiendo de lo que pase en los hogares y en las calles mucho antes de que se rompa el primer cristal.
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