Imputaron al bahiense acusado de amenazar de muerte al papa León XIV

La Justicia Federal imputó por amenazas e intimidación pública a Fabio Ariel Perrone, el bahiense de 58 años que había sido detenido el domingo pasado, acusado de realizar una amenaza de muerte contra el papa León XIV, en la antesala de su posible llegada a la Argentina.

Perrone había sido arrestado en una vivienda de calle Cramer al 700, en Bahía Blanca, durante un procedimiento realizado por la Policía bonaerense.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó la investigación penal durante una audiencia realizada el martes, en la que también participó el auxiliar fiscal Juan Martín Vera.

La causa se inició el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo en el que se transmitió una amenaza de muerte contra el Sumo Pontífice.

Por la gravedad del mensaje y su vinculación con la posible llegada del Papa al país, las actuaciones fueron remitidas a la Justicia Federal por la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense.

A partir de las tareas investigativas, se logró identificar la titularidad de la línea telefónica utilizada, radicada en Bahía Blanca, y establecer el domicilio del sospechoso. Con esos elementos, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento, requisa y detención, que fueron autorizadas y ejecutadas durante la tarde del domingo.

El operativo contó con la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en poder del acusado el teléfono celular desde el cual, según la investigación, se habría realizado la llamada amenazante.

Tras su detención, Perrone fue trasladado a la comisaría de Tornquist, donde permaneció alojado hasta la audiencia de formalización. En esa instancia, el fiscal le atribuyó los delitos contemplados en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal, correspondientes a amenazas e intimidación pública.

Por su parte, el juez de Garantías Santiago Inchausti estableció un plazo de 90 días hábiles para profundizar la investigación y dispuso una serie de medidas para garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia.

Entre las condiciones fijadas, deberá mantener su domicilio en Bahía Blanca, cumplir con las pautas establecidas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no abandonar la ciudad sin autorización judicial.

Finalmente, el magistrado dispuso que recupere la libertad bajo esas restricciones, mientras continúa la investigación para determinar su eventual responsabilidad penal.