Fueron creados para acercar a la población las políticas públicas, pero desde el Gobierno de Javier Milei afirman que reciben “muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y solo derivan a la gente a otro organismo”.
Asimismo, desde el Gobierno adujeron que se trata de “cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado” y con su cierre buscan garantizarse el ahorro de $5.000 millones anuales para colaborar con la reducción del déficit. El cierre, según fuentes del Gobierno, implica para el Estado un ahorro en el gasto público de $88 millones anuales en concepto de alquiler. Además, según se informó se darán de baja 50 autos y 42 celulares, lo que totalizan otros $20 millones por año.
Los 59 centros existentes, que serán cerrados en su totalidad, están integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas coordinando líneas de acción con el Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano.
Ahora, los trámites que se canalizaban a través de estas oficinas serán digitales. También habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. (Con información de DIB)

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