El Gobierno busca que las provincias se hagan cargo de más rutas nacionales y obras públicas
La propuesta genera interrogantes entre algunas administraciones provinciales
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La administración nacional avanza en negociaciones con los gobernadores para transferir la gestión de corredores viales. El esquema contempla mantenimiento, ejecución de obras y posibles concesiones al sector privado.
El Gobierno nacional prepara una nueva ronda de reuniones con gobernadores para ampliar el esquema de transferencia de rutas nacionales y obras públicas a las provincias. La iniciativa apunta a que las administraciones provinciales asuman el mantenimiento de los corredores, financien obras pendientes o concesionen su explotación a empresas privadas.
La propuesta toma como referencia el acuerdo firmado recientemente con la provincia de Santa Fe, que asumió por un plazo de 20 años la gestión integral de la Ruta Nacional A012. El convenio incluye la administración, conservación y ejecución de obras con recursos provinciales, aunque la traza mantiene su carácter de ruta nacional.
Los acuerdos serán elaborados de manera conjunta entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional, en el marco de lo establecido por el Decreto 253/2026. Cada convenio deberá definir los plazos de vigencia, las fuentes de financiamiento, las obligaciones de mantenimiento y las condiciones para la instalación de peajes o la contratación de operadores privados.
Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es impulsar la participación del sector privado en los corredores con mayor circulación de vehículos y transporte de cargas, donde los ingresos por peajes podrían financiar las inversiones y el mantenimiento.
En cambio, las rutas con menor tránsito requerirían otros mecanismos de financiamiento, como aportes de las provincias, créditos externos o esquemas complementarios para garantizar su sostenibilidad.
El Ejecutivo considera que cada provincia está en mejores condiciones de identificar cuáles son las rutas estratégicas para su producción, el acceso a puertos y el desarrollo logístico, lo que permitiría definir prioridades de inversión sin depender exclusivamente de recursos nacionales.
La transferencia de rutas también forma parte de una negociación política más amplia entre el Gobierno y los gobernadores, que incluye temas como las obras públicas, las deudas previsionales, la distribución de fondos provinciales, el acceso al financiamiento y las discusiones en torno al Presupuesto 2027 y otras iniciativas legislativas.
No obstante, la propuesta genera interrogantes entre algunas administraciones provinciales, que advierten que asumir la gestión de rutas nacionales implicaría incorporar nuevos costos a sus presupuestos en un contexto de restricciones fiscales.
Con información de TN.
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