El desafío de impartir fallos en un clima de creciente hostilidad
Tras los violentos episodios ocurridos en San Martín y Florencio Varela, la doctora Fabiana Brandolín, jueza del Tribunal Criminal N°1 de Tres Arroyos, analiza la realidad local. Si bien destaca la tranquilidad del distrito, advierte sobre la falta de custodia en dependencias sensibles y el preocupante avance de las agresiones en el entorno digital
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Por Enrique Mendiberri
El pasado 4 de febrero, la vulnerabilidad del servicio de Justicia en la provincia de Buenos Aires quedó expuesta de la manera más cruda. Un grupo de 20 personas armadas ingresó al Juzgado de Garantías Nº 5 de San Martín, amenazando de muerte al juez Nicolás Schiavo y a sus colaboradores para exigir la liberación de detenidos vinculados al narcotráfico. El hecho, calificado como de “extrema gravedad” por la Red de Jueces Penales, no fue aislado: episodios similares en Florencio Varela han encendido las alarmas sobre la seguridad de magistrados, empleados y ciudadanos que asisten a los tribunales.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, encabezada por Hilda Kogan, rubricó recientemente un convenio con el Ministerio de Seguridad para coordinar la asignación de personal policial en los edificios judiciales. Ante este nuevo escenario, La Voz del Pueblo dialogó con la doctora Fabiana Brandolín, titular del Tribunal Criminal N°1 de Tres Arroyos, para conocer cómo se vive esta tensión en el ámbito local.
El equilibrio en la sala
A diferencia del convulsionado Conurbano, Tres Arroyos mantiene, por ahora, una dinámica de relativa calma. “Honestamente, y en lo personal, no hemos tenido situaciones de agresión directa a funcionarios”, afirma Brandolín. Sin embargo, la magistrada aclara que la presencia policial es una necesidad mecánica para el orden ritual del juicio: “Necesitamos custodia porque muchas veces se encuentran víctimas, victimarios y familiares; es ahí donde necesitamos mantener un orden”.
La jueza recuerda situaciones puntuales donde la tensión desbordó la formalidad, aunque sin apuntar contra los jueces. “Alguna vez un testigo se levantó y comenzó a agredir al imputado, y el fiscal tuvo que separarlos. Son ejemplos que tengo presentes porque me pasaron en un par de oportunidades”, relata.
Para Brandolín, la naturaleza del cargo implica convivir con la insatisfacción de alguna de las partes, pero eso no debería traducirse en violencia física. “Los procesos y las resoluciones no son para mantener una hinchada, sino que uno toma la decisión que cree que corresponde. Nunca la decisión de un juez va a satisfacer a ambas partes”, sentenció.
Si bien las intrusiones violentas no son moneda corriente en los tribunales tresarroyenses, Brandolín identifica un cambio en la forma en que se manifiesta la hostilidad. “Lo que se viene notando de un tiempo a esta parte es un crecimiento en las agresiones en los medios o en las redes sociales. Muchas de ellas ocultas detrás de identidades falsas, pero forma parte de este nuevo mundo”, reflexiona.
Este hostigamiento digital parece ser el escape de un malestar social que, en ciudades más grandes, ya ha saltado el mostrador de las mesas de entrada. Aun así, la magistrada insiste en que en el distrito no se han registrado hechos de gravedad: “Hay temáticas sensibles que generan cruzamientos, pero no puedo decir que en Tres Arroyos hayamos tenido agresiones físicas. Sí críticas, pero no intrusiones violentas o presencia de pancartas”.
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Recursos y mapa local
El convenio firmado por la Corte y el Ministerio de Seguridad busca, precisamente, relevar quiénes cuentan con custodia fija. En Tres Arroyos, el diagnóstico revela baches que se espera cubrir. Según se pudo saber, el Juzgado de Garantías del Joven, ubicado en Moreno 777, se encuentra sin custodia policial desde el pasado mes de octubre.
“Nos falta personal”, admite la jueza, señalando que la falta de recursos humanos recarga de horas al personal existente. A pesar de estas falencias estructurales, Brandolín asegura no sentir temor por el futuro ni por la evolución del delito organizado en la región. “No me lo he planteado. Yo me he sentido siempre segura. Deseo mantener la templanza y ser discreta, porque la gente que se sienta en el banquillo tiene un grado de vulnerabilidad. Trato de manejar las situaciones sin abuso de autoridad y manteniendo el equilibrio”.
Al observar las noticias que llegan desde San Martín o Florencio Varela, la jueza local no puede evitar la comparación. “He visto funcionarios quebrados por la situación y me conmueve; no dejo de empatizar. Pero supongo que en el Gran Buenos Aires debe ser mucho más complejo. Tres Arroyos tiene un índice de inseguridad, pero aquello es incomparable”, sostiene.
Para la magistrada, la sobrepoblación y la escasez de recursos económicos en el Conurbano son caldos de cultivo para una violencia que, por el momento, resulta ajena a la realidad local. “Cuando veo esas situaciones, agradezco una y mil veces trabajar acá. Si en todo caso hubiere una evolución de la violencia en Tres Arroyos, se pedirán los recursos que hagan falta”, reconoció.
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Repudio generalizado
El ataque en San Martín generó una ola de reacciones en toda la Provincia. La Suprema Corte de Justicia, a través de su presidenta Hilda Kogan, y el ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, firmaron un convenio para establecer pautas coordinadas de asignación de personal policial. La medida busca evitar que los jueces trabajen en la indefensión.
Desde el Colegio de Magistrados de Bahía Blanca, el doctor Eduardo D'Empaire expresó su enérgico repudio: “Un hecho así expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones los trabajadores judiciales. Es un problema estructural que requiere respuestas urgentes de los poderes del Estado”. D’Empaire subrayó que, cuando un juez interviene, la sala de audiencias no le pertenece al magistrado, sino a la ciudadanía: “Es un ámbito público en el que la sociedad accede en busca de la tutela de sus derechos”.
Por su parte, la Red de Jueces Penales de la Provincia calificó lo ocurrido como de “extrema gravedad”, vinculándolo directamente con la asunción de competencias en la persecución del narcotráfico sin el traspaso de los recursos prometidos. “Las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad impiden tratar esto como un hecho puntual”, sentenciaron.
El convenio entre la Corte y el Ministerio de Seguridad marca un punto de inflexión necesario, pero el diagnóstico de fondo trasciende lo policial. Cuando la violencia intenta sentarse a la mesa de los jueces, lo que está en juego es la libertad misma de la sociedad. Tres Arroyos respira hoy una tranquilidad que conmueve por contraste, pero las alarmas encendidas en San Martín y Florencio Varela dejan una lección ineludible: la Justicia necesita temple para fallar, pero también un Estado presente que garantice que el único peso sobre el estrado sea, exclusivamente, el de la verdad.
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