Drogas: Los Santos sigue esperando a la Corte para que resuelva la competencia
Causa por omercialización de estupefacientes agravada por la participación de menores de edad
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La casa de Soto Guzmán fue allanada el pasado 29 de noviembre de 2024
Es a raíz de un recurso presentado por la defensa del ex jefe de Gendarmería local detenido en la causa, Nicolás Soto Guzmán. Con el argumento de que integraba una fuerza federal, apelaron el cambio de fuero para el juicio. La decisión está en manos de la CSJ
A casi un año de la detención del jefe de la Sección Vial de Gendarmería Nacional que operaba en Tres Arroyos, el alférez Nicolás Soto Guzmán, una cuestión de competencia planteada por su defensa ante la Corte Suprema de la Nación, continúa postergando la realización del debate que juzgará también la supuesta responsabilidad del clan Santos en la comercialización local de estupefacientes.
El 29 de noviembre de 2024, una noticia conmovió a Tres Arroyos y el país. El jefe de Gendarmería local era arrestado por pedido del fiscal Gabriel Lopazzo, a raíz de una investigación en la que habría elementos que lo vinculaban con otros siete acusados de “comercialización de estupefacientes agravada por la participación de menores de edad”, un delito con penas de hasta 15 años de prisión.
En su declaración en el marco de lo previsto por el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, Soto Guzmán alegó que todo formaba parte de un trabajo de inteligencia montado de manera unilateral por él mismo para desmantelar el accionar del grupo familiar Santos, investigado por venta de estupefacientes al menudeo en nuestra ciudad, quienes habían sido arrestados dos meses antes.
Planteo Federal
Una vez detenido, la defensa de Soto Guzmán planteó en abril pasado ante la Cámara de Apelación en lo Penal, la cuestión de estar ante un caso de competencia Federal. Tras eso, el tribunal de Alzada resolvió que vaya a la Justicia Federal, mientras que en Tres Arroyos, la UFI Nª17 ya había elevado la causa a juicio.
Sin embargo, cuando la causa llega a sus oficinas, el Juzgado Federal de Necochea rechazó esa posibilidad y sostuvo que tiene que pasar a la Justicia ordinaria. En ese momento, se planteó nuevamente la cuestión de competencia y se elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que lo resuelva, algo que a la fecha está pendiente de resolución.
Por otra parte, cabe agregar que, cuando la Cámara de Bahía Blanca hizo lugar al pedido inicial de la Defensa, la causa ya estaba elevada a juicio y quedó radicada en el Tribunal Criminal de Tres Arroyos, donde se llegó a cumplir con la etapa de ofrecimientos probatorios o sea, la prueba que se va a usar en un futuro debate. No obstante, si la Corte finalmente decide que el caso es competencia Federal, el nuevo órgano judicial competente va a tener que volver a ofrecer prueba porque va a ser un juez distinto, otro fiscal y sólo se van a mantener los defensores de aquellos imputados tengan representantes legales privados, ya que los que apelan a la representación del Ministerio Público de la Defensa, también se verán obligados a cambiar.
Por el momento, todos los imputados siguen detenidos con prisión preventiva en distintas cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, con algun beneficiado con el arresto domiciliario.
Por su parte, el gendarme se mantiene en su hipótesis de estar realizando un trabajo encubierto, un dato acerca del cual la Fiscalía consultó en estamentos superiores de Gendarmería sobre la eventual posibilidad que tendría el gendarme para hacer esa actividad y le dijeron que, en la sección de Tres Arroyos, solamente tenía poder para hacerlo en cuestiones viales.
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