Casación apartó a la fiscal Ramos de un segundo juicio por un caso de abuso sexual en Tres Arroyos
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El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires apartó a la doctora Natalia Ramos de su rol como fiscal en lo que será el segundo juicio por el mismo caso de abuso sexual a un hombre que, en 2023, fue condenado a 20 años de prisión tras haber sido hallado “culpable” de los hechos por un Jurado Popular.
La decisión del Tribunal de Alzada trascendió en las últimas horas y constituye la segunda disposición sobre ese caso, tras haber sido anulado el primer juicio en 2024, por entender que la doctora Ramos incorporó como prueba testimonios de otro juicio por el mismo delito, y a raíz del que ya había sido condenado el pringlense Gustavo Andrés Suárez por primera vez en 2002.
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La resolución estuvo a cargo de la Sala I del máximo cuerpo judicial penal, con asiento en La Plata, el cual aceptó una queja planteada por la abogada Laura Pereyra, defensora oficial del acusado, Gustavo Andrés Suárez (44), un pringlense de 44 años que residía en Tres Arroyos al momento de los hechos y quien había llegado a juicio acusado del abuso sexual de una niña cuando tenía entre 7 y 8 años, nieta de quien en 2011 era su pareja.
El 28 de abril de 2023, durante un Juicio por Jurados desarrollado en la sala de debates del Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos, Suárez recibió un veredicto de culpabilidad por 10 votos a 2 y, tras la cesura del juicio, donde la fiscal Ramos había pedido 25 años de prisión, la doctora Verónica Vidal terminó dándole 20 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado daño en la salud mental de la víctima, en concurso real, en los términos de los artículos 55 y 119 del Código Penal” .
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En septiembre de 2024, la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, anuló el juicio y la condena citados y ordenó un nuevo juicio, por “vicios” que pudieron “contaminar” a los jurados.
Según los jueces de Casación, Suárez ya había cumplido pena por otro caso de abuso sexual, cometido en 2002, y la fiscal, en su rol de acusadora, incorporó prueba de ese caso y generó “un prejuicio insalvable” en el ánimo del jurado que lo declaró culpable por el nuevo delito en 2023.
Tal como informó La Nueva en su edición digital en aquel momento, al año siguiente, los jueces de Casación Daniel Carral y Ricardo Maidana no solo ordenaron un nuevo debate sino que advirtieron por la situación a la fiscal, Natalia Ramos, y a la jueza técnica, Verónica Vidal, quien debía velar para evitar estas cuestiones.
Dijo la defensora de Suárez en su planteo que durante las audiencias del debate en 2023 se escucharon a testigos del caso juzgado en 2002, lo cual vulneró el derecho a un juicio justo y entendió que los jurados populares directamente “se apartaron de la prueba reunida en el juicio, directamente vinculada al hecho que se estaba juzgando”.
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La defensa, por otro lado, planteó que Suárez no pudo ser el autor de la nueva violación porque en el momento que se habría cometido, cuando la víctima tenía entre 5 y 6 años, él se encontraba encarcelado por la causa anterior, aunque para la fiscalía no hubo precisión en cuanto a las fechas exactas de cometidos los delitos.
Al respecto, Casación dio por probado que la jueza técnica habilitó a testigos de la causa anterior y rechazó instruirlos para que no hablen sobre el caso viejo (la fiscal los había pedido para incorporarlos como “testigos de concepto”) y que también informó que “no iba a limitar sus respuestas”.
“Desleal”
Según trascendió, en los últimos días, los mismos jueces de Casación, Daniel Carral y Ricardo Maidana, decidieron apartar a la fiscal para actuar en el nuevo juicio al procesado.
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Suárez hoy continúa detenido en la Unidad Penal Nº 37 de la localidad de Barker.
De acuerdo a los fundamentos publicados de manera reciente por el portal bahiense, al formular la queja contra la resolución de la Cámara Penal de Bahía Blanca, que mantenía en el puesto a Ramos para el segundo juicio, la defensora Pereyra argumentó que, de seguir la misma fiscal, se iba a poner en riesgo el debido proceso legal y el derecho a un juicio justo, por entender que su intervención en el primer juicio fue “desleal”.
Explicó Pereyra que, por otro lado, Ramos no acusó recibo del primer fallo de Casación y no solo no reconoció errores en su proceder sino que manifestó su desacuerdo con la anulación y dijo que lo dicho por Casación era erróneo.
