Allanaron un geriátrico tras una denuncia por presuntos maltratos a un interno

Un geriátrico fue allanado por la Justicia en la mañana de hoy a raíz de la existencia de una denuncia por presuntos malos tratos a las personas que se alojan en el lugar.

Ads

El procedimiento tuvo lugar en la denominada “Pensión de abuelas/os Douce Maison”, que se encuentra ubicada en la calle Pellegrini 645, propiedad de Gabriela Briceño, quien según informaron fuentes judiciales a LA VOZ DEL PUEBLO, también contaría con otro alojamiento de estas características en nuestra ciudad.

El registro domiciliario de hoy fue instruído por la UFI N°17 y llevado a cabo por  personal de la Comisaría Primera.

Ads

Durante el allanamiento fueron secuestrados registros de alojamiento y papelería que, por estas horas, deberán someterse al estudio del fiscal Gabriel Lopazzo, quien decidirá si existen motivos para imputar a los supuestos responsables de algún delito. Por el momento, la carátula bajo la cual se realizaron las actuaciones es “averiguación de ilícito”.

Tal como pudo averiguar este diario apenas finalizado el allanamiento, en el hogar hay once residentes y se analiza si hubo decesos y lesiones recientes, aunque, en principio, a simple vista no habría elementos comprometedores.

Ads

La denuncia

Ads

Según pudo establecerse, la denuncia fue radicada en la Comisaría Primera durante las últimas horas de la tarde del lunes por la familia de Reynaldo Choy, un interno de 84 años que fue retirado del lugar y trasladado a una sala del área clínica del Hospital Pirovano para ser examinado ante la posibilidad de haber sufrido algún tipo de lesión.

En sus declaraciones a  LU24, posteriores a la declaración penal, Choy habló de distintos maltratos e incluso deslizó la posibilidad de existir una consecuencia de muerte en alguno de los casos.

Por este motivo, la UFI N°17, a cargo de manera subrogante del fiscal Gabriel Lopazzo, en horas de la mañana de hoy instruyó un allanamiento a los efectos de analizar distintos documentos como registros de internos, entradas y salidas de residentes y datos generales que, ahora en poder de la Justicia, son materia de estudio para ser sometidos a comparaciones y análisis.

Al mismo tiempo, fuentes cercanas al caso, dejaron trascender a este diario que el objetivo principal de la denuncia sería una persona que presta su servicio en el geriátrico y a quien señalan como la supuesta responsable de ciertas actitudes de maltrato hacia los adultos mayores.

En ese sentido, en forma previa a los allanamientos, precisamente en la noche del miércoles, LA VOZ DEL PUEBLO se acercó a la residencia y tomó contacto con esta persona, quien se negó a identificarse y brindar mayores datos sobre la empresa para la que trabaja, antes de invitar a retirar al periodista, “no vuelva porque lo voy a denunciar por hostigamiento”, amenazó antes de cerrar la puerta y no volver a permitir otro contacto.

En la mañana de hoy, el instructor judicial de la UFI N°17, doctor Martín Iparraguirre, condujo a los efectivos de la Comisaría Primera para realizar distintos secuestros y  tomar alguna declaración a los más lúcidos de los 11 residentes. Cabe destacar que, para realizar este procedimiento, se le solicitó a los efectivos de la Comisaría Primera que colaboraron con las actuaciones, que lo hagan vestidos de civil para no alterar a los adultos mayores, a quienes se encontró “en buen estado general”.

Consultado sobre el estado de las instalaciones, el instructor dijo que era de características “normales”, aunque no descartó que el lugar haya sido ordenado luego de conocerse públicamente el caso de Choy, cuya familia no vive en Tres Arroyos.

Por el momento, las actuaciones del caso fueron caratuladas como “averiguación de ilícito” y se aguarda el arribo de los exámenes solicitados a la Asesoría Pericial antes de continuar con la investigación, se indicó.

“Lejos del horror”

El estado y la situación de las personas que residen en geriátricos de Tres Arroyos es un tema sensible desde que, en enero de 2018 se conoció el contenido de otra denuncia realizada en un geriátrico de la avenida Güemes 1336, donde los detalles escabrosos compartidos de manera pública por familiares de los adultos mayores alojados ahí estremecieron a la opinión pública nacional de aquel momento.

Incluso, en el juicio realizado en primera instancia dos años más tarde a las encargadas del lugar, el Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos, integrado de manera unilateral por la doctora Verónica Vidal, condenó a Liliana Sánchez y su hija Carla Barroca a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación para el cuidado de personas tras hallarlas penalmente responsables del delito de “abandono de persona en cinco hechos, y agravado en un hecho, en concurso real entre sí en relación a una de las víctimas”.

Sin embargo, un año más tarde, Casación anuló la condena y exigió la realización de un acuerdo de juicio abreviado, una voluntad que habría existido antes del juicio oral pero fue rechazada por la magistrada, actitud que el tribunal de Alzada calificó como un “prejuzgamiento” al momento de anular el fallo en primera instancia y hacer lugar al reclamo de la doctora Elisa Hospitaleche, abogada defensora de las imputadas.

No obstante, haber estado tantos meses en el foco de la opinión pública nacional, generó una carga emotiva especial en la sensibilidad de los vecinos cuando de estos casos se trata.

Por este motivo, al ser consultado sobre la posibilidad de estar, en el hecho más reciente, ante una denuncia parecida a la del caso de arriba, el doctor Iparraguirre fue contundente, “de ninguna manera, es un caso muy lejano de lo que se denunció aquella vez”.