La finalización de las casas se hará con recursos de la comuna con la expectativa de que el Instituto de la Vivienda le reintegre al Estado municipal los fondos que invirtió en la terminación del proyecto habitacional. 

En ese barrio, que en los últimos días pasó a ser noticia por los hechos delictivos y vandálicos registrados y que generó el malestar y preocupación de los vecinos, ya se entregaron quince unidades habitacionales. Fue a principios de octubre, cuando desde el municipio y la Provincia se les dio la llave a aquellas familias que en su momento sufrieron la usurpación de las casas que se les habían adjudicado en el marco de un plan social de viviendas. 

Una vez que se finalice con los trabajos, las veinte unidades a terminar se destinarán a las personas que en aquel entonces también sufrieron el delito.
En diálogo con este diario, el secretario de Obras Públicas Mario Izurieta refrescó cómo se fueron dando los acontecimientos hasta llegar a la última decisión que se adoptó desde el municipio. “Hace unos dos años se hizo una licitación pública para la construcción de 35 viviendas industrializadas, las cuales se fueron haciendo en conjunto con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, que financió la obra”, indicó.

En un principio, la comuna le abonaba a la empresa Palco S.A., la encargada de ejecutar el proyecto, y luego el Instituto de la Vivienda, tras la realización de inspecciones, le enviaba los fondos correspondientes al municipio. 

“Eso, desde septiembre del año pasado, se discontinuó. La Provincia no enviaba los fondos, pero de todas formas la obra, con recursos del municipio, se mantuvo hasta marzo. Cuando se dio todo lo de la cuarentena, se paralizó el proyecto por cuestiones económicas. Entonces, de común acuerdo entre la Municipalidad y la empresa, se rescindió el contrato”, expresó. 

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