Varias coincidencias en el primer debate por la ley de semillas

En representación de Confederaciones Rurales Argentinas, José Basaldúa, apoyó una modificación general de la ley de semillas. La propuesta reconoce la excepción del fitomejorador, la excepción del agricultor para quien reserva y siembra semilla para propio uso, en un volumen igual a la semilla fiscalizada originalmente adquirida -queda exceptuados los productores que hayan facturado menos de tres veces el monto de la categoría más alta del monotributo y pueblos originarios- y la excepción del consumo para el agricultor que usa y/o vende el producto obtenido. 

También postuló el cobro de la propiedad intelectual, integralmente en la semilla (no se traslada a los granos); declarar la ley de orden público; el Inase como único organismo de control; herramientas fiscales que fortalezcan las creaciones filogenéticas y el uso de semilla fiscalizada. 

Por último, Basaldúa postuló una reducción al 50% de la alícuota del IVA y una deducción especial en el Impuesto a las ganancias, por la compra de semilla fiscalizada.
Desde Coninagro, Egidio Mailland reconoció la importancia de avanzar con la modificación de la ley de semillas: “Si no levantamos la vara, vamos a estar en serios problemas”, aseguró el vicepresidente. 

Luego señaló la importancia de invertir en tecnología que significa un avance económico para los pequeños y medianos productores, que además, sea amigable con el medioambiente.
Apostó a una nueva ley que contemple un método sencillo, el pago por la tecnología, en un marco legal adecuado y un Inase dotado de herramientas para el control.

“Se puede convivir con un sistema de contratos con las empresas y no hay que tener miedo”, dijo, haciendo referencia al orden público y también apuntó a las patentes: “La responsabilidad de control es del Estado”. 

Por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo E. Schrauf, apuntó a crear un fondo para financiar programas de mejoramiento estratégicos, decidido en forma participativa con los productores. También propuso que el productor tenga la libertad para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva, que sólo debería ser limitado para evitar el monocultivo. 

Para terminar señaló que una nueva ley de semillas debería tener diferentes instancias de debate, incluyendo debates regionales.
Por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Adrián Vera, propuso pensar la ley de semillas en clave de “economía verde”: la investigación y desarrollo que permita obtener el mayor rendimiento con el menor ataque al medioambiente. Aceptó el uso propio limitado, al igual que la propiedad intelectual. 

Desde la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos se apoyó el cobro de regalías en la bolsa de semillas, el uso propio acotado, el Inase como único organismo de control y una ley de orden público.  

Julián Echezarreta, gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, a diferencia de sus antecesores, aseguró: “No estamos insatisfechos con la ley actual”. Sin embargo, desde ACA hicieron su propuesta de los principales puntos en debate: mantener el uso propio; aceptar el sistema de regalías; aceptar uso propio oneroso; el pago único (tecnología y germoplasma); la determinación de variedades; más y mejor control estatal; el reconocimiento de la operación necesaria de semilleros multiplicadores y no consideran necesario la declaración de orden público. 

Desde la Cámara Argentina de Semillero Multiplicadores, propusieron el libre acceso a los cultivares; que el obtentor permita la novedad; una ley de orden público; un Inase como único organismo fiscalizador; pago único en la bolsa de semillas y el uso gratuito limitado para micropymes. 

La última exposición estuvo a cargo de la Federación de Acopiadores. Armando Casallins señaló la adhesión al acuerdo de consenso que firmaron distintos actores en diciembre de 2017: uso propio oneroso, fijar regalías para las próximas tres campañas, la excepción para el pequeño productor y los pueblos originarios, pago único y mayor control del Inase.