“Estafan al empleado de comercio”
:format(webp):quality(40)/https://lavozdelpueblocdn.eleco.com.ar/media/fotos/2018/04/29/lvp.cravenna2.jpg)
Luis Alberto Cravenna denunció por estafa a dirigentes del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos. La causa se tramita en la Fiscalía N° 13 de Carlos Facundo Lemble y el viernes a la tarde, como informó en su edición de ayer este diario, una comisión instruida por el doctor Iparraguirre allanó la sede gremial en busca de documentación que avale los dichos de Cravenna.
El ex tesorero del sindicato decidió romper el silencio que mantuvo desde hace varios meses, coincidentemente desde que asumió la nueva dirigencia tras vencerlo en las elecciones por la conducción de la entidad gremial.
En sus declaraciones judiciales y en las que hizo a LA VOZ DEL PUEBLO, el ex tesorero afirmó que “se estafa al empleado de comercio”.
En sus declaraciones judiciales y en las que hizo a LA VOZ DEL PUEBLO, el ex tesorero afirmó que “se estafa al empleado de comercio”.
El denunciante señaló que “hay personas que tienen dos o tres bocas de ingreso del sindicato para exprimirlo, una por el empleo que tenían y siguen cobrando, otra por ser miembro de comisión directiva y otra por facturaciones truchas”.
El denunciante declaró que “todos los que denuncié, y seguramente haya más, le facturan al gremio por servicios que no prestan”, y mostró inscripciones al monotributo con alta 1º de marzo del 2017. “Asumieron el 21 de febrero del mismo año como subsecretaria y tesorera”, de Adriana Dimayo y Silvia Beitía en la categoría F, de la que dijo “para estar en este grupo tenés que facturar $ 600.000 al año”.
Al respecto, sostuvo que “ser miembro de comisión directiva es un servicio. Representar a los trabajadores es un servicio –reiteró- y no debe generar ningún tipo de pago”.
Indicó también que “en consecuencia y para que se entienda claro y concreto yo nunca dejé de prestar servicios en el sindicato como empleado y en la farmacia que era mi trabajo de origen. Si una persona va a ser miembro de comisión directiva, en este caso del sindicato, no puede cobrarle el sueldo al dueño del supermercado, al sindicato por ser integrante de comisión y luego como si esto fuera poco facturarle también al sindicato por servicios que tampoco se prestan, esas facturaciones alcanzan a más de 40.000 pesos mensuales. Fue lo que determino la AFIP de acuerdo al giro de facturación que éstos tenían”.
Sostuvo que “en consecuencia, en base a este informe de la AFIP, más el resto de las pruebas, es que judicialmente se determinó el allanamiento. Un juez no determina un allanamiento sin pruebas”.
Cravenna afirmó que “entiendo que el secretario general debería estar muy preocupado, ya que no sé cómo explicará Di Palma que Barroso, por ejemplo, se encontraba jubilado y le seguía facturando al sindicato. En la causa existen constancias de dirigentes con giros de facturaciones importantes, algunas llegan a los $ 60.000 mensuales. Que le quede claro a Di Palma que soy una persona honesta”.
Agregó que “esto recién empieza”.
En su argumentación, insistió en que “esta gente le factura al sindicato honorarios por sus servicios gremiales, algo disparatado” y aseguró: “pero no dejaron de percibir sus sueldos como empleados del sindicato o de OSECAC”.
En su argumentación, insistió en que “esta gente le factura al sindicato honorarios por sus servicios gremiales, algo disparatado” y aseguró: “pero no dejaron de percibir sus sueldos como empleados del sindicato o de OSECAC”.
Consultado por los motivos que originaron la denuncia, Cravenna expresó que “fue realizada siendo empleado de comercio, por lo cual tengo todo el derecho para hacerla. Es mi deber ciudadano así hacerlo ya que en mi familia fundamentalmente prevalecen los valores. En consecuencia no he hecho otra cosa que cumplir y denunciar ante quien corresponde, la Justicia, la estafa detectada”.
Luis Alberto Cravenna
“Dos sueldos”
Luis Cravenna mostró a LA VOZ DEL PUEBLO gran cantidad de documentación -la misma que dijo que presentó en la Justicia- para fundamentar su denuncia. El ex dirigente mencionó que “el secretario del sindicato, Roberto Di Palma es empleado de OSECAC, pero nunca pidió licencia gremial o si lo hizo nadie controló que siendo empleado además le facture al gremio”.
La Investigación Penal Preparatoria 2732/17 es por “delito de acción pública, estafa y defraudación especial, administración desleal, artículo172,173, inciso 7 del Código Penal en perjuicio del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos con domicilio calle Hipólito Yrigoyen N° 143”.
En la misma acusa a Carlos Alberto Barroso, ex secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, Roberto Daniel Di Palma, actual secretario general, la subsecretaria Adriana Doris Dimayo, y la tesorera Silvia Paola Beitía.
Afirmó que en el escrito que se encuentra en la Fiscalía “consta que ellos le facturan al gremio por servicios que no prestan. Luis Cravenna era encargado de la farmacia y tesorero del gremio, pero… ¿qué cobraba? Unos $ 60.000 como empleado únicamente, el estatuto no fija salario por ser tesorero. El sueldo era alto porque estaba vinculado a lo que factura la farmacia”.
Afirmó que en el escrito que se encuentra en la Fiscalía “consta que ellos le facturan al gremio por servicios que no prestan. Luis Cravenna era encargado de la farmacia y tesorero del gremio, pero… ¿qué cobraba? Unos $ 60.000 como empleado únicamente, el estatuto no fija salario por ser tesorero. El sueldo era alto porque estaba vinculado a lo que factura la farmacia”.
Puso de manifiesto que “Barroso era jefe de la obra social, más o menos con $ 40.000 y se fijó un salario de secretario general de $ 60.000 pesos, es decir que por cruzar de mostrador a mostrador cobraba ese monto mayor”.
Ante la consulta de este diario, explicó que “los salarios no los fijó ninguna comisión directiva, sino lo hicieron personalmente, yo me avivo de lo que hacían cuando Barroso se estaba por jubilar. Di Palma es empleado de la obra social –figura como inspector en su recibo de sueldo- y también cobraba en el sindicato como subsecretario general”.
Recordó que en el mes de mayo de 2016 Carlos Barroso se tomó licencia hasta la finalización del mandato y asumió quien era subsecretario, Roberto Di Palma; “intenté incluso con la Federación hacer una lista única, pero se negó”, señaló.
En este segmento del relato Cravenna contó que “bastante tiempo antes de convocar a asamblea para designar a quiénes serían los miembros de la Junta Electoral, fui a buscar un paquete a TAS y me encontré con otro enorme que contenía folletos verdes y amarillos con la cara de Di Palma como candidato”.
“Todos los que denuncié, y seguramente haya más, le facturan al gremio por servicios que no prestan”
Destacó que “cuando Barroso se quiere jubilar deja de aportar y empieza a facturarle al sindicato por honorarios de secretaría gremial”.
Además declaró que “también estafaron a OSECAC porque no pidieron la licencia gremial, por lo que tenían que comunicar que en el período que dure el mandato trabajarán en el sindicato y no en la obra social. Siguieron cobrando por un trabajo que no hacían y además otro como dirigentes, dos sueldos distintos”.
La Justicia
Cravenna indicó que hizo la denuncia penal en noviembre pasado y la amplió en diciembre y en febrero. Sostuvo que “aparece en un momento Di Palma cobrando como concejal del Movimiento Vecinal, como miembro del Consejo de Administración del Hospital, con sueldo del sindicato, de la obra social”.
En sus declaraciones, se interrogó: “¿por qué una empleada del gremio de más de veinte años como Beitía, unos días después de asumir junto con la nueva dirigencia la conducción del sindicato, se haría un monotributo y facturaría al gremio? Sos dirigente, tesorera y empleada de tu mismo sindicato y cobrás por los dos, eso no puede ser, total $ 100.000 aproximadamente”.
También se refirió a Dimayo, de la que dijo “¡Cómo vas a facturar como subsecretario! ¿Qué cobrás, otros $ 60.000 pesos, por hacer qué? y sorpresivamente empezaron a aparecer en Facebook en Cancún”.
Volvió a cargar sobre Barroso en igual sentido: “Después que se jubiló siguió cobrando como encargado de la agencia e iba a firmar”.
Nuevamente indicó: “todos cobran en el sindicato y en OSECAC o el gremio por tareas fundamentales que no se hacen”.
Finalmente, Cravenna -quien está patrocinado por el abogado penalista bahiense Gustavo Giorgiani- dijo sentirse “desprestigiado, vapuleado, perseguido. Hasta fueron a hablar con mi psiquiatra para que ampliara el informe de la licencia que me había otorgado por un año y medio”.
Finalmente, Cravenna -quien está patrocinado por el abogado penalista bahiense Gustavo Giorgiani- dijo sentirse “desprestigiado, vapuleado, perseguido. Hasta fueron a hablar con mi psiquiatra para que ampliara el informe de la licencia que me había otorgado por un año y medio”.
Consideró que lo que vendrá judicialmente será la etapa de prueba y advirtió que “seguramente intervengan el sindicato desde la Federación porque tendrán que demostrar qué hacen con la plata de los asociados”.
Sostuvo que se arrepiente de haberse presentado para competir en una campaña que –según opinó- “en definitiva fue el Movimiento Vecinal frente a Pablo Garate. No debía prestarme a eso, como también hago mi mea culpa respecto al trato que tuve con una empleada”.
“Van a fundir la farmacia”
Cravenna manifestó que “van a fundir la farmacia y no se van a dar ni cuenta, si no está ya pasando. A pesar de haber hecho denuncias sobre robos que ocurrían en la farmacia y que están en actas -muestra las copias de lo que dice- nunca hicieron nada, jamás denunciaron en la Justicia y cuando el empleado que robaba se fue hizo juicio y el sindicato lo pagó.
Cuando el propio Damboriana -parte de la actual conducción- fue quien me advirtió de esa maniobra”.
El plan de viviendas fue otro punto que generó críticas de Cravenna, quien hizo referencia a las promesas electorales de Di Palma. “Hubo proyectos en 1996 con el Instituto de la Vivienda, 136 viviendas en dúplex con los planos y todo. Los terrenos pro asamblea se subdividieron en 34, sin embargo están prometiendo 60 casas. En la misma época sólo hubo dos interesados, por el formato que podíamos ofrecer y el intendente Carlos Sánchez nos pidió que los donáramos para hacer su plan de viviendas y nos negamos”, indicó.
Luego habló de la obra de la guardería, de la que dijo “mensualmente recuperábamos $20.000 de reintegros por la demanda que hay por las prestaciones por este concepto, beneficio que se cubría para niños que asistían a la Liga de Madres de Familia, guarderías en general, Jardines Maternales y cuidadoras de niños domiciliarias que estuvieran en blanco, porque sólo es para aquellas mujeres empleadas de comercio. No lo van a poder sostener”.
AUTOR
