Ordenan investigar a otro sospechoso
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La sala IV del tribunal revocó un fallo del juez de instrucción Gustavo Pierreti, quien había denegado pedidos formulados por el fiscal Matías Di Lello y su par de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, para mantener abierta la causa.
Ambos le habían solicitado al magistrado realizar medidas de prueba adicionales para determinar la identidad y responsabilidad del segundo hombre que habría intervenido en el crimen de Sacayán (40), más allá de que ya fue elevado a juicio el único detenido, Gabriel David Marino (23).
Al reclamo, también adhirieron las dos querellas, una representada por el hermano de la víctima y la otra por el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), donde trabajaba la víctima.
La sala IV destacó la pertinencia del reclamo y la profusa argumentación realizada por los fiscales, y sostuvo que las medidas de pruebas solicitadas eran necesarias para despejar los interrogantes que aún persisten en el hecho.
El cadáver de la activista trans fue hallado el 13 de octubre de 2015 en su departamento de la avenida Rivadavia al 6700, atado de pies y manos y amordazado.
En el lugar, se encontró gran cantidad de sangre, un cuchillo con una hoja de 20 centímetros, una tijera y un martillo.
La autopsia fue concluyente: Sacayán recibió 27 lesiones en su cuerpo, trece de las cuales habían sido producidas por un arma blanca, además de presentar golpes varios.
Para los fiscales Di Lello y Labozzetta, el hecho fue un “travesticidio”, es decir que Sacayán fue asesinada con un alto grado de violencia “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del INADI”.
También recordaron que Diana era “impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”.
Como militante, Sacayán impulsó la sanción de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y en 2012 obtuvo su DNI femenino, otorgado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales establecieron que, tras cometer el crimen y al no encontrar las llaves de la víctima, Marino y un cómplice forzaron la cerradura del departamento, previo a sustraer 20.000 pesos que Diana guardaba en el lugar.
Marino fue detenido días después del crimen junto a otro hombre (luego desvinculado) en la localidad bonaerense de Morón y entre las pruebas relevantes en su contra se pudo rescatar su huella dactilar del dedo medio de la mano derecha en la puerta de ingreso al dormitorio de Sacayán.
Además, el encargado del edificio vio ingresar a los dos hombres, uno a las 20.00 y otro a las 22.30 de sábado anterior al crimen, a su domicilio, y al segundo de ellos la víctima lo recibió con un beso en la boca.
Al ser indagado, Marino manifestó haber conocido a Sacayán en el ex Centro Nacional de Recuperación Social (CENARESO), en el marco de un tratamiento por adicciones, y afirmó que había tenido un par de encuentros sexuales con la víctima.
Sin embargo, negó haberla matado y, en cambio, sostuvo que el día del hecho llegó al departamento de Sacayán y que allí se encontraba otro hombre, con el que la víctima habría mantenido una discusión.
Marino dijo ver que la líder trans sacaba un cuchillo y que el otro hombre se lo arrebataba, comenzaba a apuñalarla y finalmente la maniataba cuando estaba inconsciente.
Esta versión fue descartada por el juez Pierretti, que procesó a Marino y lo embargó por 600.000 pesos, medida que en diciembre pasado confirmó la sala IV de la Cámara.
El delito que se le imputa a Marino es el de coautor de “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado con violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso real con robo”, el cual prevé una pena de perpetua.
