Sombras para el ejercicio de la libertad de prensa

El clima para el ejercicio de la actividad periodística se ha deteriorado desde que comenzó a extenderse la pandemia en la Argentina. Las crisis siempre impulsan restricciones. En estos días, las autoridades y la ciudadanía debaten sobre la jerarquía, la oportunidad o la magnitud de algunas de ellas. Estas discusiones se dan en todo el mundo. Respecto de la libertad de prensa, algo resulta claro: si esta es cercenada, lo que se debilita es la posibilidad de una resolución coordinada y democrática del desafío sanitario que enfrentamos. De ese modo no podríamos consensuar una salida común; tampoco resolver aquello que no conocemos ni analizamos. 

En este marco, diversos dirigentes de la coalición gobernante intensificaron en los últimos meses la postulación del “lawfare” como tesis que plantea una confabulación de sectores de la prensa y el Poder Judicial con vistas a fraguar procesos contra referentes del actual oficialismo. La escalada discursiva fue acompañada de iniciativas que afectan gravemente la independencia periodística y judicial, socavando las bases del esquema de contrapesos de nuestro sistema institucional. 

El episodio más reciente se configuró con una imputación a los medios por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. Esta entidad, que cuenta con mayoría oficialista, acusa a la prensa de formar parte de “un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”. Menciona, como ejemplos de sus supuestas acciones, “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión”.

En las últimas semanas, parlamentarios ligados al oficialismo presentaron un proyecto en el Parlasur para convertir al “lawfare” en delito y sancionar, eventualmente, a periodistas. Los impulsores del proyecto pretenden, además, promover esta iniciativa en el Congreso de la Nación. 

Tales amenazas que se ciernen sobre el oficio periodístico reciclan una vieja retórica. Pretenden neutralizar, bajo calificaciones inaceptables, la relación entre periodistas y fuentes. Buscan criminalizar la práctica que define el rol estratégico que cumple el periodismo. Esa es la vía que impediría contar aquello que otros buscan ocultar, particularmente en lo que se refiere a la administración de los intereses más relevantes de una sociedad. 

Estas iniciativas que se dan en el terreno legislativo nacional o regional tienen su correlato en el terreno judicial. El acoso judicial fue la figura más repetida entre los casos de presión contra periodistas del último año. El más reciente es el procesamiento contra Daniel Santoro, determinado por el juez Luis Rodríguez. Sin elementos probatorios, el juez asocia, como ocurría en un procesamiento previo impulsado por el juez Alejo Ramos Padilla, las actividades extorsivas de una fuente del periodista con el trabajo de investigación de este último. El efecto inhibitorio de la medida no se circunscribe a Santoro; se extiende a todo aquel que pretenda investigar hechos de corrupción. 

En este contexto, alarma la creciente agresividad del debate público en estos días, lo que profundiza la polarización de posiciones extremas, que inhiben un diálogo democrático y maduro. Paradójicamente, muchos de quienes reclaman este diálogo luego apelan a la estigmatización y al agravio basado en sesgos ideológicos y partidarios. Esta polarización se ve exacerbada por la dinámica de algoritmos y redes sociales que han demostrado, en episodios recientes como los del Capitolio estadounidense, que toman decisiones editoriales y no son meros intermediarios neutros. 

Tantas sombras preocupantes son parcialmente atenuadas con algunas luces, como los desprocesamientos de distintos periodistas dictados por la Cámara Federal de Mar del Plata y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ha recuperado de esa forma nuestra tradición judicial, apoyada en el respeto de las garantías constitucionales que tutelan el derecho a la información. 

En otro orden, en el semestre transcurrido entre el informe presentado en la última asamblea de Adepa y el actual reporte, se produjo uno de los ataques más graves de los últimos años contra un medio argentino. El 23 de marzo último, manifestantes de una facción de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) irrumpieron en las instalaciones del diario Río Negro, agredieron a un fotógrafo y un recepcionista, destrozaron el mobiliario y pintaron en las paredes frases intimidatorias contra periodistas del medio. La policía, que cuenta con un destacamento a pocos metros del diario, tardó 40 minutos en llegar. Y, en línea con esa velocidad de desplazamiento, lleva más de un mes sin lograr detener a los agresores, pese a que hay registros en imágenes de la irrupción. 

Otro grave capítulo de este período está conformado por los atropellos registrados en Formosa. Se impidió el ingreso de periodistas a la provincia; se restringieron coberturas locales; funcionarios públicos y fuerzas policiales amedrentaron a la prensa; se desconocieron resoluciones judiciales. Un periodista fue herido con balas de goma durante una manifestación y una colega fue detenida arbitrariamente. Un equipo de TN, que reflejó cómo trasladaban de manera forzada a mujeres embarazadas de la comunidad Wichi a centros de aislamiento por Covid, comprobó que se presionó a una de ellas para que declarara que había fingido su embarazo, en un intento de desacreditar el trabajo periodístico. 

Como vemos, los medios de comunicación enfrentan un escenario delicado para el ejercicio de la libertad de prensa. Otro tanto ocurre con su sustentabilidad económica, imprescindible para la independencia editorial. La publicidad privada ha caído en porcentajes sin precedentes durante el último año. Las ayudas estatales específicas de los primeros meses de cuarentena, desaparecieron. La pauta oficial, con un claro valor para consolidar conductas apropiadas en la emergencia sanitaria, se distribuye, en líneas generales, con criterios objetivos vinculados a la audiencia y pertinencia de los mensajes, más allá de que sea necesario un mayor federalismo en su reparto. Además, su volumen está significativamente desactualizado y es claramente insuficiente para un período de alta vulnerabilidad del sector. 

En tanto, se debaten en el mundo regulaciones a las grandes plataformas tecnológicas. Avanzan legislaciones y acuerdos en países como Australia o en los integrantes de la Unión Europea. La reacción que estas plataformas han tenido frente a las mismas generan preocupación en tanto evidencian su posición dominante de mercado. 

En nuestro país, comienzan a explorarse convenios puntuales entre plataformas y medios por contenidos para productos específicos. Es un primer paso, pero solo el primero e insuficiente, de un proceso que recién comienza.