La Voz del Pueblo Digital · Editorial 28/02/2021

Desde los comienzos de la vida independiente, una batalla siempre persistió en la sociedad, que luego se llamó Argentina. Primero fue el apasionado Mariano Moreno (1778-1811), en su disputa con el presidente de la Primera Junta de Gobierno, Cornelio Saavedra, quienes se enfrentaron, entre otras cosas, por el Decreto de Supresión de Honores emitido por el primero, por aquellos años Secretario de ese organismo gubernamental.

Por medio de ese instrumento, se abolía cualquier tipo de ceremonial o privilegio para el presidente de la junta. Más tarde fue la Asamblea del Año XIII (1813), quién suprimió, entre otras decisiones trascendentales, los títulos de nobleza. Luego, la Constitución de 1853, que en su artículo 16 estableció que “…la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. 

Todos sus habitantes son iguales ante la ley…”. Artículo que, parece insólitamente necesario recordar en los días que corren, se conservó luego de la reforma constitucional de 1994. 

La historia de la evolución de la igualdad en nuestro país excede los límites de esta editorial, dado que es un largo sendero extendido en el tiempo. A ella, luego se sumó la lucha por la equidad, que lleva implícita el criterio de justicia a la hora de la aplicación de los derechos y obligaciones y al momento de la distribución de los bienes sociales de un país, dando a las personas en función de sus necesidades y contexto. Dicho de otro modo, la equidad supone no favorecer a una persona en desmedro de otra. 

Sobre esta base, fue y es posible hoy la ampliación de derechos, para incrementar los espacios de libertad personal, que implican la posibilidad de vivir de acuerdo a la identidad que descubramos y elijamos y al plan de vida que elaboremos, ejerciendo una soberanía personal, que no es otra cosa que tener poder sobre sí mismo. Soberanías diversas y plurales, que conviven bajo reglas comunes y aceptadas, en un pacto o contrato, como lo llamemos, solo posible en una democracia republicana. 

El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton (1834-1902), por eso es necesario limitarlo, controlarlo y regularlo, para evitar que el abuso se cometa, sobre todo, cuando se cuenta con la ventaja de poseer todos los instrumentos del Estado a disposición. Eso ocurre, cuando el gobierno se entiende y se vive como propiedad personal o de un grupo, por la costumbre de ejercerlo en el tiempo o por la seducción que provoca su posesión temporaria en las personalidades volubles, dándoles impunidad para el privilegio, propio y de aquellos y aquellas a quienes se les ocurre beneficiar arbitrariamente. 

El episodio de la vacunas ejemplifica lo escrito sobre marras y contradice una rica historia igualitarista en derechos, que apenas esbozamos. La reacción presidencial, posterior al escándalo, fue rápida, al pedirle la renuncia a su ministro de Salud de forma inmediata. Es importante mencionarlo, independientemente de otro tipo de consideraciones. Pero hay un sustrato de creencias, y aquí radica la sustancia del problema, de modos de hacer, de prácticas, de una cultura política acostumbrada al favor y a la ventaja. Y eso es transversal. 

El bombardeo mediático al que asistimos, entre unos y otros, no es precisamente, la lucha entre probos y demonios. Es otra nueva expresión de pirotecnia política, basada en un hecho grave, eso es evidente, por el contexto, por el nivel de los funcionarios involucrados y por la asimetría que establece entre los amigos y los que no lo son, propia de regímenes alejados de la democracia que deseamos. Pero no por ello deja de ser un ejemplo dramático de la distancia entre quienes ejercen la política y la sociedad. 

Manifiesta una crisis de representatividad que viene de arrastre, en donde el idioma, urgencias, pretensiones y necesidades de la ciudadanía, están desanclados del universo del ejercicio de la política. Hay conexiones, claro, sino sería imposible el funcionamiento social e institucional. Lo que queremos decir, es que existe una desarmonía entre representantes y representados, incompatible con una democracia sana y viva. Desarmonía que ciertos medios se encargan de resaltar y explotar, hacia uno y otro lado, con intenciones más empresariales que republicanas, sin mensurar la gravedad e implicancias de acicatear de modo constante esa distancia dialógica. 

El suceso de las vacunas expone algo más grave y doloroso, de lo que ya es por sí mismo grave y doloroso. Sociedad y clase política intercambian solo en el escenario mediático, interrumpiéndose, a los gritos y sin poder conversar aguda y seriamente de las cosas relevantes, que terminan perdiéndose en esa histeria artificial, por demás rentable. Mientras tanto, otros y otras, atentos a ese descuido esencial, lo transforman en una ocasión más para aprovecharse de sus privilegios.