Opinión

Carta de Lectores

Caso Vicentin: el avance del Gobierno sobre el Estado y la propiedad privada

27|06|20 00:07 hs.


Por Américo Lohin
(DNI 4.214.760)


Señora directora: 
Vivimos en un país donde a la mayoría le cuesta diferenciar la línea divisoria que separa a un Gobierno del Estado, ello a consecuencia del avance y apropiación del Estado de muchas administraciones, que obran en consecuencia como propietarias y no como un poder institucional de la Republica 

El actual presidente hace gala de su admiración por Alfonsín, sin embargo, fuera de tener en común ciertas actitudes cabroneras, en el obrar está en las antípodas. 

Luis Alberto Romero en su libro “Breve Historia Contemporánea de la Argentina” (1916-2016), escribe, “de 1983 en adelante hubo un sucesivo avance de los Gobiernos sobre el Estado, Alfonsín fue neutro”. El presidente actual formó parte del Gobierno que a partir del 2003 más avanzo sobre el Estado y la actividad privada, con expropiaciones, intervenciones y regulaciones, cuyas consecuencias seguimos pagando. Al parecer poco se ha aprendido, poco tardó en blandir un DNU para intervenir la empresa, relegando al juez, considerándolo un actor secundario por ser un juez provincial, siendo que el juez al tener en sus manos el concurso de acreedores es la máxima autoridad en la materia, es el Estado mismo en esa circunstancia, para disponer el destino de la empresa y/o juzgar conductas impropias de sus dueños, si correspondiere con las garantías de debido proceso que la Constitución prevé. 

 Lo segundo es el proyecto de expropiación para lo cual les viene bien una ley promulgada por la dictadura de Videla, cuando no había Congreso, bajaron el cuadrito pero no la ley. La Constitución nacional establece que la propiedad es inviolable, salvo en casos de utilidad pública, para los que se requiere la intervención del Congreso y una indemnización. En teoría todo puede ser expropiado, pero no es lo mismo expropiar una franja de campo para construir una ruta que expropiar el capital accionario de un holding de empresas. Expropiación es una mala palabra, en todas las épocas, aquí y en todas partes del mundo, de allí la reacción de buena parte de la ciudadanía ante lo que se considera un atropello, por sobre todo al ver como un DNU puede obrar como espada de Damocles sobre cualquier propiedad privada. 

Lamentablemente existieron abundantes ejemplos de intervenciones estatales en empresas privadas a lo largo de la historia argentina. La mayoría de ellas fueron dispuestas por gobiernos de facto, aunque también las hubo en los gobiernos de los presidentes Juan Perón y Cristina Fernández. En todos los casos esas intervenciones implicaron el avasallamiento de derechos adquiridos por parte de los accionistas de esas empresas y de la empresa misma y en muchos de ellos mediaron intereses espurios y no en beneficio del Estado precisamente. 

Tal lo ocurrido en el caso Repsol YPF, el Gobierno de Cristina F. de Kirchner forzó a la empresa a aceptar a la familia Eskenazi como socia de Repsol, con un aporte mínimo de capital completando el resto mediante la distribución del 90% de los dividendos, violando la ley, que solo permitía una distribución del 25%. Nadie se preguntó y nadie ha respondido hasta ahora por qué no se introdujo al Estado Argentino como socio. Repsol aprovechó la euforia generada por la "argentinización", para separar los activos del holding español de los de la petrolera estrictamente argentina. En el proceso, se quedó con todos los yacimientos que YPF había comprado en los ‘90 en Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia. En definitiva la intervención del Gobierno colaboró para vaciar a Repsol YPF, para luego expropiarla ,pagándole a Repsol una suma tres veces superior al valor del mercado, dejando demandas abiertas contra el Estado argentino en la Justicia de Nueva York, por la mala expropiación de las acciones de Eskenazi por una suma que puede ascender a 10 mil millones de dólares. Todo por la recuperación de la “soberanía energética”, que en cuanto a producción de gas y petróleo resulto un fiasco y el Estado perjudicado. 

De cómo fue vista esta operación en el exterior da cuenta la bienvenida que el presidente Santos de Colombia le dio al entonces presidente del Gobierno español: “Bienvenido a Colombia Sr. Presidente, aquí no expropiamos”. 

Claro que antes expropiaron los fondos previsionales y de las AFJP La Ley nº 26.425, sancionada en diciembre de 2008, dispuso la disolución de las AFJP y el traspaso a las arcas del Estado de todos los depósitos que los asegurados-aportantes habían realizado en ellas, incluidos aportes extraordinarios que nunca devolvieron. Ello implicó una clara violación del derecho de propiedad de los afiliados, que supuso un apoderamiento de empresas privadas para luego, a través de ellas, introducir representantes del Estado en otras empresas, en las cuales las AFJP tenían inversiones y eran accionistas, tratando de digitar las políticas empresariales, por caso el actual gobernador Kicillof designado director trato de enseñarle a Paolo Rocca como fabricar acero. 

 La ley de medios no fue la excepción, el Gobierno obligó a empresas de medios a vender parte de sus activos, que fueron a parar ¡oh casualidad! a empresarios amigos ajenos al medio, algunos hoy con condena y si no avanzaron más lo fue por la oportuna intervención de la Corte Suprema.

El caso Aerolíneas siguió la misma línea. Se hicieron cargo de una empresa quebrada, con todo lo que ellos implicó, pues persisten demandas por 350 millones de dólares contra el Estado Argentino y hoy es el emblema del Estado empresario, una Aerolínea que antes de la pandemia ya necesitaba 900 millones de dólares de subsidios para volar.

Resulta sintomático que el presidente Alberto Fernandez promueva la expropiación de Vicentin cuando decía en el año 2012 que “me preocupa el modo y la forma como el Gobierno tomó la decisión de expropiar YPF. Me recuerda cuando se tomaron los fondos de pensión (AFJP). Politizó la medida en extremo y en muchos lugares del mundo se vio como intempestiva, inexplicable, llena de ideología, casi confiscatoria y aquí con YPF pasa algo parecido”. 

Cualquier parecido con el caso Vicentin ¿es pura coincidencia? Todo ello no hace más que afectar la seguridad jurídica, que es un valor de jerarquía constitucional de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que se ve resentida cada vez que el Estado dispone este tipo de medidas. 

La pandemia está profundizando una crisis económica, de consecuencias todavía inconmensurables, pero una cosa es cierta, solo se saldrá adelante con el concurso del capital privado, la agroindustria es el sector más competitivo y el que más aporta a la economía y al desarrollo de nuestro país. Solo necesita del Estado como el Gran Alejandro respecto de su maestro Aristóteles, que no le haga sombra.  

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