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Policiales

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Casación propone liberar presos para atacar la crisis carcelaria

21|10|19 12:26 hs.

El sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años en terapia intensiva, hoy está con respirador artificial y coma inducido, de acuerdo a un informe que firmó el periodista Juan Pablo Gorbal para La Nueva. 


La emergencia carcelaria que renovó ni bien asumió la gobernadora María Eugenia Vidal no sólo está vigente desde 2004 sino que no tiene señales de recuperación. Por el contrario. 

El nivel de sobrepoblación y las cada vez más graves condiciones de hacinamiento motivaron, a fines del año pasado, la intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ordenó al Tribunal de Casación Penal la creación de un espacio interinstitucional para el abordaje de la problemática. 

Ese punto de encuentro avanzó hasta la confección del primer documento por parte de Casación, que es profundo y lapidario con el diagnóstico y presenta una serie de 11 propuestas a corto, mediano y largo plazo -algunas de las cuales van a generar polémica y resistencia-, que en definitiva buscan replantear la política criminal. 

El exhaustivo análisis, de 135 páginas y al que tuvo acceso La Nueva., propone, entre otras medidas controvertidas, la conmutación de penas para algunos internos, la externación seleccionada de detenidos y el traslado de reclusos a otras provincias. 

Firman el documento los jueces Fernando Mancini, Víctor Violini, Carlos Natiello, Daniel Carral, Ricardo Maidana, María Florencia Budiño y Mario Kohan. 

Riesgo latente 
El riesgo latente, advirtió Casación, no es sólo para la integridad de los presos sino también para quienes deben custodiarlos.

“El sistema de la crueldad” lo llama la Comisión Provincial por la Memoria, que acaba de presentar el informe anual 2019 en el cual consta que el año pasado murieron 140 personas en las prisiones provinciales, de las cuales el 72% fue por un problema de salud no asistido. 

“El hacinamiento de personas privadas de libertad producto de la sobrepoblación que se corrobora en la mayoría de las unidades penitenciarias genera ya, inicialmente, fricciones constantes entre los internos”, alertó Casación. 

A las situaciones de violencia se suman dificultades regulares de higiene y el riesgo de propagación de enfermedades -que puede extenderse a los límites de los muros- al tiempo que la dotación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) claramente no aumentó en proporción al número de encarcelados.

Comisarías 
Otra de las medidas urgentes que estipula Casación es el desalojo de los abarrotados calabozos de las comisarías, teniendo como gravísimo antecedente la muerte, por un incendio, de 8 detenidos en las celdas de la seccional Tercera de Esteban Echeverría, sobre la cual pesaban reiteradas clausuras desde 2011. 

Observó que en las comisarías se dan “condiciones extremadamente precarias” y que el 98% son procesados, es decir que no tienen condena. En lugares para poco más de 1.300 personas hay 3.800. 

El tribunal de La Plata calificó la situación como una “grave crisis humanitaria”. 

Hoy existen casi 49 mil presos en cárceles y alcaidías que tienen una capacidad de alojamiento de 28.810 plazas, adaptadas hasta casi 30 mil. 

Casación consideró que el crecimiento espiralado de la prisionalización, a partir de la elevación de las escalas penales y las reformas de los códigos Penal y Procesal Penal y la ley de Ejecución -se limitaron beneficios-, llevó a que la Provincia elevara la tasa de detenciones de 276 cada 100 mil personas en 2017 a 308 c/100mil en 2018.