La Ciudad

Tras el fallo de la Cámara de Casación

Larrabure denuncia que hay “un simulacro de proceso”

03|01|19 10:01 hs.

Arturo Larrabure denunció públicamente mediante un escrito enviado a nuestra redacción que se registra “un simulacro de proceso”, luego del fallo de la Cámara de Casación que estableció que el crimen de su padre Argentino del Valle Larrabure no constituye un caso de lesa humanidad. 


En el escrito indica que “la sentencia dictada por los doctores Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el recurso de casación interpuesto por la querella contra la resolución de la Cámara Federal de Rosario, que denegara citar a indagatoria a Juan Arnold Kremer, como autor mediato del crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado, torturado y asesinado por el ERP, viola gravemente el derecho a la jurisdicción al obviar, mediante una fórmula mecánica, el debido tratamiento de los sólidos fundamentos del recurso de casación”. 

En este sentido, señala que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiteradamente considerado arbitrarias aquellas resoluciones que omiten tratar las cuestiones articuladas o que no analizan adecuadamente determinados agravios”. 

Recuerda que “al analizar el ataque que el Movimiento Todos Por la Patria hiciera al regimiento de La Tablada, en el año 1989, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Informe 55/87) consideró configurado un conflicto armado interno que tornaba aplicable el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, en cuanto impide torturar y asesinar a los prisioneros de guerra, sin exigir para ello que la organización guerrillera tuviera control territorial, bastando que actúe en un territorio con la potencialidad suficiente para librar combate, y que de hecho lo haga”. 

También indica que “denunciamos en el recurso de Casación que la Cámara Federal de Rosario había incurrido en arbitrariedad normativa mediante un manifiesto apartamiento de las Convenciones de Ginebra, y del criterio de la CIDH, invocando como excusa, que, a diferencia de lo ocurrido en La Tablada, en el ataque a la Fábrica Militar de Villa María el Ejército no había combatido”.

Al respecto, argumenta que “al recurrir a Casación la querella rebatió esa afirmación con dos pruebas de importancia decisiva que no fueron debidamente valoradas”. 

Hizo referencia al video titulado “Decididos el Caso de Villa María. Que con declaraciones de los propios guerrilleros partícipes, y de testigos que presenciaron el hecho, prueba que el Ejército combatió”; y “la sentencia de fecha 19 de agosto de 1983, del Juzgado Federal de Bell Ville, caratulado ‘González, Manuel Alberto; Osvaldo Héctor Paulin y Fermín Rivera s/ robo calificado, asociación ilícita, uso indebido de documento y tenencia de armas de guerra’, donde obran diversas declaraciones de testigos que demuestran que se generó un intenso tiroteo cuando los terroristas, luego de herir de gravedad al soldado Juan Carlos Fernández, intentaron secuestrar al Director de la Fábrica, teniente coronel Osvaldo Jorge Guardone, quien, desde su casa, repelió el intento con un nutrido tiroteo que duró hasta las 2.20 horas”.

“Menosprecio” 
Al describir sus sentimientos, sostiene que “como hijo del coronel Larrabure me duele profundamente que el menosprecio de la justicia argentina al sufrimiento de los deudos de las víctimas de la guerrilla llegue al extremo de ni siquiera leer con responsabilidad y respeto los términos del recurso, afirmando arbitrariamente que la impugnación carece de la debida fundamentación. A los precitados camaristas les correspondía honrar el compromiso asumido por Argentina al adherir a los tratados internacionales, velando por el respeto de los principios de igualdad y no discriminación y la protección de los derechos fundamentales previstos en los artículos 2.1, 5 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como son la vida, la integridad personal y la libertad, en cuya interpretación debe primar el principio pro-homine. Tales derechos deben respetarse en toda circunstancia y sin distinciones desfavorables motivadas por presiones políticas”.

De la misma manera, puntualiza que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó en la causa ‘Almonacid Arellano y otros vs. Chile’, el deber de los Estados Partes de no recurrir a artilugios para dejar impunes los crímenes de lesa humanidad, advirtiendo que ‘los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas’”.

Anticipa que “sin perjuicio de interponer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habré, de no admitirse el mismo, de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado Argentino ha incumplido esa obligación construyendo un manto de impunidad que, implícitamente, ha otorgado al terrorismo guerrillero el derecho de secuestrar, robar, torturar y matar en momentos en que Argentina tenía tan sólo un 4% de pobreza, y en pos de un mundo supuestamente más justo y menos corrupto que décadas después estuvieron muy lejos de construir”. 

Cita como ejemplo “el caso del ex miembro del ERP, Gerardo Ferreyra, presuntamente implicado en el caso de corrupción que conmueve al país, quien declaró que por sus valores los aportes dinerarios que efectuó los hizo ‘en moneda nacional porque no desarrollamos la cultura del dólar. Tengo aversión personal hacia el dólar porque es un instrumento de dominación, de dependencia, que exacerba el consumismo y el amor por el extranjero’”.  

Orgullo 
Por último, señala que “siento un profundo orgullo de saber que mi padre, en el momento crucial de su vida, no se quebró ante la vil oferta de sus secuestradores de canjear su libertad por la fabricación de explosivos. Murió fiel a su Dios, a su Patria y a su Ejército”.