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La Ciudad

La seguirá el fiscal Bianconi

La causa por el desalojo violento volvió a Tres Arroyos

02|12|17 09:24 hs.

LA VOZ DEL PUEBLO pudo confirmar que esta semana finalmente la Fiscalía General de Bahía Blanca regresó hacia Tres Arroyos la causa que investiga el violento desalojo familiar de calle Rondeau 1570. 


Se trata de la causa que inicialmente investigó el fiscal José Bianconi desde la UFIJ Nº 6, una vez que tomó estado público la brutal expulsión de una familia en medio de la noche, desde la vivienda que habitaban en la calle mencionada, y en presencia de testigos. 

Según el propio testimonio de la familia, vivían en la casa que de a poco construían, después de haber comprado en un valor irrisorio un terreno en ese sector de la ciudad, a un vecino del lugar que sólo les proveyó de un documento de compra y venta, pero no de una escritura. 

Fuentes de la Dirección de Asuntos Internos pudieron asegurar que desde la Justicia de Garantías de Tres Arroyos no se emitió ninguna orden para efectuar el violento desalojo 


El hecho llegó a la Justicia porque quienes llevaron a cabo esa acción fueron agentes de la policía, bajo la orden telefónica de una funcionaria municipal. 

En consecuencia la Instrucción Penal Preparatoria lleva el número Nº 02-01-2271-17 y fue caratulada como "Dte. Lobelo María Belén s/averiguación de ilícito, daño e incumplimiento de los deberes de funcionario público". 

La investigación, tal como había informado este diario en su edición del miércoles, tenía un despacho de reasignación que aún no se había efectuado porque el fiscal general aún concluía con una licencia. Ahora nuevamente la investigación podrá continuar en el ámbito local, y será el propio fiscal Bianconi, quien resuelva los pasos a seguir en materia investigativa con el objetivo de resolver el grado de responsabilidades que le caben a los agentes policiales, y en qué medida se encuentra implicada la directora de Prevención Ciudadana, Catalina Loza, e incluso si la cadena de mandos -y órdenes- se agota solamente en ella. 

Ahora nuevamente la investigación podrá continuar en el ámbito local, y será el propio fiscal Bianconi, quien resuelva los pasos a seguir en materia investigativa 


También asoma como aspecto a develar la modalidad de comercialización de tierras, tal como la adquirió la familia desalojada. 

Por el momento, el hecho que generó la intervención de la dirección de Asuntos Internos, provocó la desafectación de nueve policías implicados en los operativos, entre ellos el subcomisario Gabriel Blanco. 

En tanto como funcionaria municipal, Loza, deberá dar explicaciones por haber realizado el llamado a partir del cual Blanco llevó adelante un operativo, presuntamente por orden del Jefe de la Policía Municipal, comisario Pablo Rigo.

Además a esta causa se le suma como dato clave, una confirmación. Fuentes de la Dirección de Asuntos Internos pudieron asegurar que desde la Justicia de Garantías de Tres Arroyos no se emitió ninguna orden para efectuar el violento desalojo, de noche y en una humilde vivienda habitada en ese momento por un matrimonio y sus hijos. 

Si bien desde la Fiscalía ya lo había afirmado, la ratificación hecha desde el juzgado ubicado en calle 1810 y Sarmiento hacia el organismo de control interno policial, deja en claro que no hubo recurso legal que amparase el procedimiento nocturno, en el cual con el uso de lingas y de un patrullero, se volteó una pared de la vivienda para hacer que la familia deba salir -a la fuerza- del inmueble. 

Desafectados 
Además del subcomisario Gabriel Blanco, los oficiales que fueron desafectados son el oficial inspector Leandro Edgard Cerna; el oficial subayudante Diego Michael Zaragoza; la sargento Sabrina Jimena Navarrette; el oficial Fernando Javier Erneta; los oficiales Andrés Emanuel Calfante, Fernando Natanael Capandegui, Aldana María Antonela Molina y Andrés Thomsem Marino; quienes se desempeñan en la Estación Policial de Tres Arroyos. 

Los afectados fueron informados ayer que resultaron desafectados en el marco de una investigación sumarial administrativa iniciada en el marco de la Ley 13.982.