El escándalo parece no tener fin en la causa títulos truchos.

Después de la finalización del juicio oral a cinco ex agentes de la Patrulla Urbana, acusados de presentar títulos secundarios apócrifos entre 2014 y 2015 para continuar trabajando en las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, trascendió la existencia de una denuncia penal realizada en la Fiscalía cuestionando la imparcialidad del juez Gabriel Giuliani y la responsabilidad objetiva de los abogados defensores, la doctora Laura Pereyra, del Ministerio Público de la Defensa, y el doctor Mario Fabián Montenegro, representante de Abinceta, Mauricio Duchosal y Ezequiel Ostiza.

Según las dos declaraciones penales realizadas ante el instructor judicial Martín Iparaguirre, de la UFI N°17 de Tres Arroyos (subrogada por el doctor Gabriel Lopazzo), uno de los ex agentes imputados, Juan José Abinceta, recordó que, “por motivos de indefensión”, renunció primero a la representación de Pereyra y, posteriormente, a la de quien fue su segundo abogado en esta historia, el doctor Nicolás Malaspina.

De acuerdo a los denunciado por Abinceta, la renuncia al último letrado se debió a la constatación de una relación entre éste y Juan Apolonio, una persona cercana al círculo de Magrath, su jefe cuando formaba parte de la Patrulla Urbana en la Secretaría de Seguridad. 

No obstante, de manera previa, Malaspina ya había recusado al juez Giuliani por haber estado vinculado al Ministerio de Seguridad como profesor de la Academia de Policía Local y, al ser la cartera provincial una parte afectada por uno de los delitos que se le imputa a Abinceta (“defraudación en perjuicio de la administración pública”), resultaría “extraño e incorrecto” que sea juez de esta causa.

Si bien las demoras de la Cámara de Apelación en emitir un dictamen llegaron hasta la fecha del juicio que culminó el lunes, de todas maneras, de acuerdo a los dichos del otro denunciante en el expediente radicado en la Fiscalía, el juez le habría comunicado al fiscal Zorzano que “dicha situación no le impedía actuar con imparcialidad”.

Por su parte, el policía Julio Rodríguez, miembro del equipo que fue instruído por la entonces fiscal Verónica Vidal para investigar la falta institucional por la que fueron juzgados los ex agentes y, por ende, organizador de los audios del escándalo que terminó con la carrera política de Ricardo Magrath; también denunció al juez por las mismas razones que Abinceta y, a la vez, cuestionó tanto a la Fiscalía como a las defensas de sus ex compañeros, por desistir de su testimonio durante el juicio, ya que ellos sabían que planeaba recusar a Giuliani durante el acto judicial y, por motivos subjetivos, ninguno de ellos habría estado de acuerdo en permitirle esa acción.

Es que de acuerdo a lo denunciado por Rodríguez, la decisión de desistir de su testimonio en el debate, se resolvió luego que él, en confianza con los representantes legales de sus ex compañeros en la policía, les transmitió su intención de recusar al juez por las mismas razones que posteriormente lo hizo ante la Fiscalía. 

Según Rodríguez, eso se lo comunicó tanto al fiscal de Juicio, el doctor Gustavo Zorzano, como a los abogados defensores quienes durante el debate y contra la voluntad de los imputados (que en el caso de Duchosal, Abinceta y Ostiza, llegaron a exigírselo oralmente en la sala de audiencias), tanto la Defensoría Oficial como el doctor Montenegro, desistieron de su testimonio. 

En el caso del último, por no considerarlo del todo relevante, ya que la credibilidad del policía, también participe de investigaciones resonantes con resultados positivos, como el desmantelamiento de La Banda del Corsa o Los Techeros -donde también se revelaron acciones de policías corruptos-; podría verse afectada por una denuncia previa realizada por la abogada de Ricardo Magrath hace años en la instrucción de la causa. Previamente, el fiscal Zorzano ya había declinado de su voluntad de hacerlo declarar.

La denuncia de Rodríguez fue acompañada con una copia de la resolución del Ministerio de Seguridad, fechada en julio de 2015, donde el entonces ministro de Seguridad, Alejandro S. Granados, aprobó los contratos de Locación y Servicios Docentes 2015, entre los que se detalla el nombre del juez Gabriel Giuliani.

El juicio a los cinco ex agentes de la Patrulla Urbana, Juan José Abinceta, Hugo Plaza, Carlos Curruinca, Mauricio Duchosal y Ezequiel Ostiza, finalizó el lunes con el pedido de pena de cuatro años de prisión para los imputados, por parte del fiscal Gustavo Zorzano, y la absolución o, subsidiariamente, el mínimo de pena previsto para los delitos de “uso de documento falso y defraudación en perjuicio de la administración pública” en el caso de la Defensa.

Esta fue la única causa que fue juzgada en el marco de la investigación que, en 2016, le costó el cargo al entonces Secretario de Seguridad, Ricardo Magrath, quien había sido grabado cuando supuestamente hacía referencia a su presunta vinculación con la obtención de esos certificados apócrifos. 

Esa causa fue archivada por el fiscal Zorzano, quien durante su alegato del lunes, distinguió la supuesta participación de Magrath con la responsabilidad de los cinco imputados en la causa juzgada.