En el juicio que se lleva adelante en la sala del Tribunal Oral Federal desde el pasado 6 de octubre de 2022, el Ministerio Público también pidió una pena de tres años de prisión para Brenda Macarena Pardiñas, a quien no se consideró miembro de la banda narco, pero si participante en compra o provisión de estupefacientes.

Cabe recordar que el procedimiento que culminó con la incautación de 66 kilos de marihuana, dos de cocaína, una importante cantidad de dinero (260.000 pesos y 1100 dólares) y la detención de Staniscia y Pardiñas, es el hallazgo de droga más grande de la historia delictiva de la ciudad y tuvo lugar en la noche del jueves 1 de noviembre de 2019 en Tres Arroyos.

Esa era la fecha dispuesta por la Justicia de Garantías para autorizar un allanamiento requerido por el fiscal Carlos Lemble en el domicilio de Rodríguez Peña 935, en el marco de una investigación por un robo calificado en agosto de 2017. Al arribar la policía al lugar, donde había orden de buscar joyas pertenecientes a la víctima de un robo, se encontró con Pardiñas en el inmueble y Staniscia aparentemente queriendo descartar cocaína en el patio. Al ser requisado, además de la droga, se le halló escondida en su ropa interior la llave de un automóvil marca Ford Fiesta Kinetic que se hallaba estacionado en el exterior. 

Cómo la requisa del vehículo no formaba parte de las actuaciones solicitadas por Lemble, se dio intervención a la Fiscalía de turno, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo, quien instruyó la revisación del vehículo y se encontró con el cargamento de drogas más grande que se haya secuestrado históricamente en Tres Arroyos.

Una investigación de la Justicia Federal determinó que la doga estaría relacionada con las actividades de una banda narco liderada por falsos quinteros bolivianos afincados en Batán a quienes se le secuestraron grandes cantidades de cocaína y marihuana entre 2018 y 2019 y, al finalizar el presente debate, podría recibir penas de hasta 20 años de prisión si prospera el pedido de la Fiscalía Federal realizado días pasados en Mar del Plata.

En ese sentido, el diario La Capital de Mar del Plata informó que el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Luis Alberto Imas y Nicolás Toselli, escuchó el extenso alegato que definió a Claudia Camacho Solís y a su esposo Nelson Alcocer Peredo como los cabecillas de la organización que tenía su centro de operaciones en una quinta de la calle 143 de la vecina localidad. También a un hombre residente en Salta, Luis Sánchez, como el lazo con los productores de estupefacientes y que era quien los proveía para su distribución en esta zona de la provincia de Buenos Aires.

Además se pidió que la condena de Nelson Alcocer sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario porque al momento de ser detenido cumplía arresto domiciliario por otra pena y, pese a eso, siguió vendiendo drogas. Todo esto con el agravante de que Alcocer Peredo se excusaba en sus hijos discapacitados para no ir preso e incluso quebrantaba el arresto domiciliario en falsos viajes al Hospital Garraham.

También la fiscalía pidió una dura pena para el máximo proveedor, el salteño Luis Sánchez, a quien se solicitó que se lo condene a 15 años de prisión. Para otro integrante de este entramado narco también el fiscal pidió 9 años de prisión. Se trata del ciudadano paraguayo Erme Cubilla Encina, a quien el mismo 1° de octubre de 2019, durante el allanamiento a su casa de la localidad de Quilmes (fueron 26 allanamientos), se le secuestró más de 45 kilogramos de cocaína. Vale decir que tanto Sánchez, como Gambarte y Cubilla Encina -al igual que Brenda Pardiñas, para quien se pidió 3 años de prisión- no formaban parte del entorno directo de los Camacho -Alcocer, pero sí participaron en provisión o compra de mercadería con ellos.

Pero además el fiscal Pettigiani consideró que la sobrina de Claudia Camacho Solís, una mujer llamada Andrea Pacheco Soliz, debe ser condenada a 5 años de prisión, mientras que su marido, Diego Ríos Saavedra, a 6. Ambos iban en la camioneta Hilux cuando se secuestró el cargamento de cocaína, pero además, en el caso de Ríos Saavedra, se cree que también oficiaba de persona de máxima confianza para ser chofer, cobrador e incluso coordinador de muchas acciones.

Se pidió también que se le aplique una pena de 4 años de prisión a Lizzet Llanque Barral, que era quien viajaba con sus hijos menores en la camioneta Hilux. Esta circunstancia para la fiscalía fue planificada, ya que apenas fue “cortada” la camioneta al detectarse que había menores las autoridades debieron comunicarse con la familia para su entrega y esto posibilitó que se enteran en Batán de los inminentes allanamientos y le diera tiempo a Alcocer Peredo para “limpiar” la quinta.

Otros cinco imputados deben, según la fiscalía, ser condenados a 2 años de prisión por el delito de confabulación: Lauro Rea Condarco, Weimar Tarifa Soruco, Sergio Torres, Dante Torres y Cristina Michiels. Finalmente el fiscal Pettigiani pidió el decomiso de 18 vehículos, entre ellos automóviles, camionetas y motos.

Las defensas alegarán en las próximas semanas, según el orden establecido por el Tribunal. (Con información del diario La Capital)