-Nosotros, como familia y nuestros hijos, vivimos la discapacidad todos los días y las 24 horas, por lo tanto revivimos todos los desafíos que tuvimos en los 27 años que tiene Ignacio. Recordamos los avances y retroceso, las grandes luchas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), de los familiares, PCD y voluntarios para lograr un avance que sigue siendo insuficiente. 

Tratamos de aportar nuestro grano de arena a una sociedad que no está preparada para atender la diversidad. En este caso, puntualizar esa carencia en la discapacidad y en el avance del “padecimiento mental” que sufre la sociedad y que se agravó en este periodo de pandemia del Covid-19. 

Hace 27 años, las palabras que recibíamos en todos los sectores de la sociedad daban lugar a bloqueos emocionales, inmovilización, porque sabemos que las palabras no se las lleva el viento ya que abren espacios emocionales y abren cajones donde hay imágenes; esta palabras eran: “No va a poder”; “No puede”; “No va a entender”; “”No estoy preparado para atenderlo”; “No creo que funcione”; “No vale la pena insistir”; “No puedo atenderlo”; “El sistema es así y no se puede cambiar”, y varios más. Hoy, esto ha cambiado relativamente, pero no lo suficiente como marcan la Convención y las leyes, resoluciones y ordenanzas, que impulsan un cambio mucho más profundo para llegar a “un distrito para todos, que involucre a todos y no solo a un sector de la sociedad”.

- Las luchas de los importantes referentes de la década del 50/60 en Estados Unidos y el Reino Unido, que luego se nuclearon como “Movimiento de Vida Independiente”, en el marco del eslogan “Nada sobre nosotros sin nosotros”, fueron abriendo corazones, mentes, logrando ejercer derechos; superar el “No se puede”. Fue posible ir avanzando en varios lugares del mundo. Estos compromisos y participación de muchas PCD culminaron con la “Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2006. 

La Argentina adhiere en el marco de la ley 26378/2008 y adquiere jerarquía Constitucional por el Art 75, Inc 2 de la Constituciòn Nacional, y la ley 27044/2014. Es un tratado Internacional que tiene fuerza vinculante; es decir, que es de obligado cumplimiento para los Estados una vez que lo firman y ratifican. La Convención es la mejor herramienta para promover, proteger y asegurar en condiciones de igualdad, los derechos y libertades de más de 800 millones de PCD en el mundo, y cuyo sustento ideológico es el “Modelo Social de la discapacidad”, fundamentado en dos cuestiones, principalmente: 

-Las causas que origina la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, sino sociales, o al menos preponderantemente por limitaciones de la propia sociedad. Por la manera en que está diseñada la sociedad, las instituciones; las ciudades; el sistema educativo, entre otros, que no responden a las necesidades de todas las personas.

-Se considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma medida que el resto de personas -sin discapacidad-; considerando que sea el contexto adecuado, con los “apoyos”, herramientas adecuadas y con las metodologías pedagógicas y actitud acordes a cada situación (considerando un marco de inclusión y de entender la diversidad).

Estos dos fundamentos inciden sobre las políticas públicas que se deben adoptar; es decir si las causas son sociales las soluciones no deben apuntarse individualmente a la PCD, sino que deben estar dirigidas hacia la sociedad.

Este modelo aboga por la rehabilitación o normalización de una sociedad, pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas, aceptando la diversidad, incluyendo y aceptando las diferencias.

- El objetivo que se encuentra reflejado en este paradigma es rescatar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades. Esto no significa negar al problema de la discapacidad, sino situarlo dentro de la sociedad. 

Acentúa además la igualdad de oportunidades, con todos los derechos de cualquier ciudadano a la educación, a la salud, al trabajo, al acceso universal, diseño para todos y todas, al deporte, a disfrutar de los espacios, del tiempo libre, la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, entre otras.

De esta manera, el ocio, la cultura, los deportes, son actividades que permiten que las personas con discapacidad puedan participar en la vida social, a la vez que desarrollar sus inquietudes. Por ello se otorga tanto importancia a la accesibilidad -como requisito previo -para el disfrute de dichas actividades, en igualdad de condiciones que los demás. 

Tampoco debemos olvidar que “ser humano significa, en esencia, ser limitado, no existe ser humano que posea total repertorio de habilidades que le permita enfrentarse a los múltiples y cambiantes demandas de la sociedad y el entorno. Por lo tanto es imposible establecer los límites que separan la capacidad de la discapacidad. 

- Hay muchísimo trabajo por hacer y que a nivel local se encuentra resumido en la nueva ordenanza 7424/2021 impulsada por el doctor Diego Pavón, con la participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, PCD, familiares y la aprobación por unanimidad por todos los bloques del Concejo Deliberante. La herramienta está, hay que hacerlo realidad. 

Es un trabajo conjunto del gobierno municipal y todos los sectores institucionales que mencioné, para que no permanezca como un relato y se empiece a trabajar para ser un distrito con una “cultura Inclusiva”, ejemplo para los distritos vecinos. 

Se debe trabajar intensamente y de manera conjunta para impulsar el cumplimiento de las leyes acompañado de los recursos necesarios y una adecuada capacitación de las personas que deben impulsar los cambios y que están debidamente puntualizados en cada una de las leyes y normativas. 

Capacitar y actualizar a todos los sectores relacionados con la discapacidad y la salud mental, es la única forma de impulsar cambios de paradigma enraizados fuertemente en nosotros. 

Así se pueden seguir incorporando temas de discapacidad en salud mental, en las disciplinas de derecho, arquitectura, medicina, enfermería, psicología, en los institutos de formación docente, entre otras profesiones. 

Estas leyes y normativas plantean cambios profundos. Los cambios no serán “lineales ni despojados de conflictos” dada las características del terreno en el cual se interviene; donde concluyen duros y pesados paradigmas, prejuicios e intereses estratificados. 

Es necesario facilitar las estrategias para una participación activa de la sociedad, derribando las barreras que todos fuimos construyendo en el tiempo sin tener una conciencia real de los problemas que ocasionaban. Para esto debe existir un rol protagónico de las PCD, de los familiares, de las Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar el cumplimiento de las leyes y modificar la visión que se tiene de la discapacidad.