Opinión

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El fallo de la Corte alivió al Gobierno porteño, pero Larreta ordenó evitar las provocaciones

09|05|21 13:53 hs.

 Por Lorena Maciel 


El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación apoyando las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires es el primer triunfo político y judicial del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra el gobierno Nacional. 

No es poca cosa: cuatro jueces del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, ratificaron en un voto unánime la autonomía de la Ciudad, considerando que tiene facultades propias a las que tienen las provincias y ratificando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que ordenó cerrar las escuelas. A la vez, Elena Highton de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso, se abstuvo. 

Este fallo tiene un doble impacto: por un lado legitima a Rodríguez Larreta como la máxima autoridad en la Ciudad de Buenos Aires, pero por otro lado agudiza la confrontación que el Gobierno Nacional ya tiene y está dispuesto a seguir tanto contra la ciudad como con la propia Corte Suprema de Justicia.

Las consecuencias no tardaron en aparecer. La primera en reaccionar a través de un extenso hilo en su cuenta de Twitter fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien calificó el fallo como un “golpe contra las instituciones democráticas”. Hizo un raconto pormenorizado de los hechos y terminó de descalificar a los cortesanos diciendo que el máximo tribunal “acaba de decidir, con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”.

Luego fue el turno del presidente Alberto Fernández, quien dijo que estaba apenado por ver “la decrepitud del derecho convertido en sentencias”. Aseguró que iba a seguir “cuidando la salud de los argentinos”, más allá del fallo. Y remató: “Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”. 

Horas después el Gobierno emitió un comunicado oficial desacreditando los conocimientos de la Corte respecto a la pandemia. En los 20 puntos del escrito se da cuenta de la gravedad de la situación epidemiológica, con datos que la Corte en su fallo dijo no tener y además se indica que el Poder Judicial “no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios”.

Como broche final el Gobierno adelantó que acelerará el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la gestión de esta gravísima pandemia. 

Traducción: Alberto Fernández y equipo “comunican” a la Corte y a Rodríguez Larreta que si no consideran constitucionales los decretos, las medidas que se tomen a futuro se van a respetar, y acatar, porque ahora estarán avaladas por una ley votada por el Congreso de la Nación. 

Los jueces de la Corte Suprema no son ni ingenuos ni improvisados. Todos sabían que les iba a llover una catarata de críticas luego del fallo, pero también tienen muy presente que la ley es la ley. Y mucho margen no había para decir algo diferente a lo que marca la Constitución Nacional vigente (reformada en 1994) respecto a la autonomía de la Ciudad y mucho menos para contradecir fallos anteriores del mismo tribunal. Así y todo, desde las distintas vocalías del máximo Tribunal, se encargaron de aclarar una y mil veces que el fallo “sostiene un criterio jurídico y no sanitario”, dando a entender que las decisiones sobre las salud de los argentinos no son de su jurisdicción, sino corresponden al ámbito político. 

Quien sí tiene margen para el festejo es Horacio Rodríguez Larreta. En estas horas podrían estar bailando entre globos amarillos al ritmo de Gilda o de Tan Biónica, recordando tal vez viejas y triunfales épocas de campaña. Pero no, las palomas del PRO saben que todo eso ya forma parte del pasado. 

Tanto Rodríguez Larreta como sus ministros optaron por mantener un perfil bajo. A todas las consultas respondieron con mucha cautela y ratificaron su voluntad de diálogo y consenso con el Gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires. “El objetivo fue defender la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero de ninguna manera cuestionar la gestión de la pandemia”, repiten los voceros en la sede de gobierno de Parque Patricios. 

Ellos, más que nadie, saben que esto recién empieza y que la segunda ola de la pandemia puede traernos aún más dolor, muertos y zozobra. La Ciudad también sabe que, a pesar del fallo favorable de la Corte Suprema, no hay nada que festejar y que la contraofensiva será cada vez más virulenta. 


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