Presentándose desde un organismo del Estado Nacional, lograron hacerse de información de la cuenta de una de sus víctimas, a la que le tomaron un crédito preaprobado, que ahora debería cubrir. 

El día miércoles 2 de septiembre la víctima recibió un llamado telefónico, y una voz del otro lado de la línea se anunció como representante del ministerio de Desarrollo Social, aunque en la pantalla sólo asomó un número privado. 

Le informaban a la persona que recibió el llamado que era beneficiaria de un bono contributivo. Para eso además de dar nombres y cierta cantidad de datos que aparentemente respaldaban la información (como número de operación, nombre y apellido del interlocutor, datos precisos del beneficiario, entre otros) le solicitaron que se desplazara hasta el cajero para gestionar distintas claves con las cuales poder hacer efectiva la operación en un marco se seguridad, “supervisado por la Policía Federal”. 

Después de haber transitado por ésta primera parte de los requerimientos, la víctima tresarroyense recibió un segundo llamado. En esta nueva oportunidad se apoderaron de datos para acceder a su cuenta y seguidamente, luego de acreditar una suma de dinero, en cuyo resumen bancario aparecía como “adelanto de sueldo”, automáticamente bloquearon su acceso a home bancking y cajero automático. 

Ante esta situación, comenzó a sospechar de la operación y finalmente confirmó que fue víctima de una estafa. Quienes accedieron a su cuenta realizaron operaciones por un monto importante de dinero, que ahora queda a cargo de la víctima. El monto de dinero resulta ser la suma de siete sueldos suyos. 

Desde el banco Provincia informaron que durante la primera etapa de la cuarentena estos casos aumentaron de manera desmedida y que la entidad tuvo que tomar medidas al respecto, especialmente en lo referido a publicidad. 

El sistema telefónico de atención al cliente del banco no funcionó de modo que la incertidumbre fue tremenda porque no sólo no se podían cancelar los accesos a la cuenta para terceras personas, sino porque se desconocía las dimensiones de la estafa, confió a este diario la abogada Leticia Callá. 

La estafa fue denunciada en la policía, la investigación interbancaria dura mucho tiempo y suele tener resultados inciertos. 

Según precisó, el método siempre es el mismo. Los delincuentes llaman en representación de un organismo público del Estado Nacional y operan a través de bancos semipúblicos. 

“Es gente muy hábil, hacen transferencias a cuentas no rastreables, es muy difícil dar con la prueba de la estafa. Los delitos informáticos requieren de pruebas costosas, por lo que en general resulta difícil llegar a un responsable”, advirtió.

La causa, que no es la única en la ciudad, se encuentra en este caso en la UFI Nº16.