Opinión

Por Alfredo A Bernabei

Reformas sin visión. Consecuencias disvaliosas. Jubilados Banco Provincia

01|08|20 20:09 hs.

La ley en su óptimo desempeño debe ser el producto, mas allá del debate institucional de partes que conlleva, de una acertada percepción de la realidad ( necesidades humanas, sociales y económicas) de modo de poder regir conductas a futuro para salvar la situación.


En mérito a lo anterior, en el presente pretendo adentrarme en algunos de los aspectos que fueron reformados por la Ley 15.008 y que rigen los aspectos previsionales de los dependientes del Banco Provincia de Buenos Aires, que son parte de una caja previsional distinta de la ANSES y del Instituto de previsión Social de la Provincia.

Como caja independiente y autónoma de las centrales, en su propio marco regulatorio establece diferentes requisitos tanto para acceder al beneficio, como para su cálculo inicial y movilidad.

La evolución de la sociedad, no solo ello observado desde la perspectiva comercial o económica, sino también la humana – ampliación de la expectativa de vida- obliga a la revisión de los modos previstos oportunamente por la ley.

En atención a lo anterior, la gestión gubernamental precedente insto una reforma previsional para salvar las nuevas necesidades que plantea la realidad, pero en mi opinión y avalado por la justicia competente, esa reforma integral colocó al grupo de pasivos (jubilados BAPRO) en una circunstancia disvaliosa, con afectación directa de sus derechos, que se ha agravado aún mas con la suspensión de la Ley de movilidad jubilatoria.

Una reforma de ley, un aggiornamento del sistema es valedero siempre y cuando responda a una necesidad cierta y afecte a los sujetos involucrados a futuro. Siguiendo la línea anterior, vamos a referir a los principales hitos de la reforma y destacar aquel que provoca consecuencias negativas impensadas. 

a.- Elevación de la edad jubilatoria, el dependiente del BAPRO para poder solicitar su beneficio debe cumplir con 35 años de aportes y 65 años de edad, no ya 57 años. Si bien la extensión coloca el umbral, exigiendo 7 años más de edad, la ley implemenó una elevación escalonada y gradual, requiriendo 61 años para los pretendientes en 2020 y 2021, 62 años para 2022 y 2023, y así en adelante hasta que recién en 2028 sea exigido el nuevo rango de edad.

b.- Determinación del haber jubilatorio inicial, ya el primer haber pasivo no se calculará respetando la proporción del 82 % del sueldo sino que surgirá del promedio de los últimos 10 años trabajados, representando el 70 % del mismo.- 

c.- La movilidad del haber jubilatorio, desde la entrada en vigencia de la reforma (fines de 2017) los haberes jubilatorios serán móviles y se actualizarán conforme al índice de movilidad establecido por la ley nacional – en ese momento Ley 26417 (Gob Macri), hoy suspendida desde diciembre 2019 (Gob Fernandez) que reemplazó aumentos por los decretos presidenciales. 

La crítica a este aspecto de la reforma es el que contendrá la conclusión del presente artículo, para el cual y tal como lo referimos en el inicio, toda ley (originaria o reforma) obedece a la observación de una realidad y la necesidad de subsanar la carencia a futuro.

Entonces, si se establece un nuevo mecanismo de movilidad de los haberes en conjunción con otros aspectos (requisitos y determinación del haber inicial) la nueva ligazón de evolución del haber debe afectar solo y únicamente a los nuevos o próximos jubilados, jamás a quienes ya venían percibiendo el beneficio con regularidad antes de la reforma.

El máximo tribunal de la provincia, en consonancia con esta argumentación ha sostenido que la norma (el artículo 41 de la ley, la nueva fórmula de movilidad) se muestra contraria a uno de los pilares básicos que sustentan el sistema previsional provincial, que es la adecuada proporción que debe existir entre el haber pasivo respecto del activo, atendiendo a la naturaleza sustitutiva.

La cuestión gira en torno a que el artículo de ley viola el principio fundamental de derecho adquirido convalidado con la resolución de otorgamiento de la jubilación, que es cosa juzgada administrativa; ya que las condiciones de acceso al beneficio, determinación y movilidad del haber eran y serán las vigentes al momento de acceder al beneficio y no podrán MUTAR por ley posterior.

Dr. Alfredo A Bernabei