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Vincentin y la necesidad de un debate profundo

La decisión del Gobierno en torno a qué hacer en relación al grupo empresario Vicentin radicado en la provincia de Santa Fe, más precisamente, su voluntad expresa de sancionar una ley para su expropiación, levantó una polvareda política que impide visualizar, no solo la trama real de la evolución económica de dicha compañía, sino también el calibre, grande o pequeño, de su rol dentro del sector exportador agrario de nuestro país. El ventarrón de opiniones, a un lado y otro del arco político y periodístico, repitiendo la primitiva manía de abordar los problemas nacionales en forma dicotómica, reduciendo el debate a un ideologismo elemental y sin sustancia, parece obturar nuevamente un abordaje serio acerca del rol que debe asumir el Estado en el desarrollo económico argentino. 

Una cosa es cierta, reconocida por lo bajo por estatistas del más diverso pedigrí ideológico: el Estado argentino está fuertemente sobredimensionado, es el principal generador de empleo, algo no precisamente deseable en una economía moderna, y cada vez tiene mayores problemas de financiamiento. Dificultades que se agudizan en el contexto de un país saturado de obligaciones con sus acreedores, que le generan un ahogo constante, y que convive al mismo tiempo, con una deuda social de una magnitud exuberante e inhumana. 
Cualquier heterodoxo, incluso muchos ortodoxos moderados y realistas, en materia económica, piensan que varias cosas tienen que comenzar a suceder y otras reconocerse definitivamente. En principio, la necesidad de un Estado fuerte, la pandemia lo demostró de manera elocuente; en segundo lugar, asumir la importancia de crecer en términos de PBI y de exportaciones de forma consistente a lo largo del tiempo; tercero bajar la inflación a niveles razonables de forma progresiva; cuarto, hacer más eficiente el gasto público, cuestión que no implica necesariamente reducirlo y quinto, definir un rumbo cierto para el desarrollo argentino. 
El último punto es el principal y quizá sea el resultado de dar respuesta a unos sencillos interrogantes: ¿Cómo queremos ver a la Argentina en las próximas décadas? ¿Cuáles son los pasos que es necesario dar para llegar a eso? y ¿cuáles las prioridades?. Lamentablemente, todo parece indicar que ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias, que compiten en la arena pública nacional, lo tiene muy claro. La explicación de ello proviene, en un primer nivel de análisis, por constituir ambas, alianzas que agrupan dirigentes con visiones variadas y por momentos contradictorias, acerca de lo que hay que hacer con el presente y el futuro del país. Además, el origen de las mismas, son acuerdos meramente electorales, no fundados en programas de gobierno, debatidos, como mínimo, al interior de cada una.
A causa de ello, la puesta en la mesa de tema del grupo Vicentin, muestra visos de imprudencia política, argumentada con conceptos ideológicamente un tanto vacuos, como el remanido de “soberanía alimentaria”, entre otros. Del lado opuesto, la advertencia de que nuestro país marcha hacia el modelo venezolano, es cuanto menos, una modesta frase, que ni siquiera constituye un argumento serio que pueda llevarnos hacia un debate fundamentado. Este nuevo asunto, en medio de una aguda crisis económica, deja claro nueva y lamentablemente, que oficialistas y opositores desperdician sistemáticamente oportunidades de discutir seriamente las alternativas mejores a seguir como país. De este modo, se toman determinaciones sostenidas con argumentaciones endebles, sin, ejemplificando con este caso en particular, tener un plan de negocios elaborado y sin tampoco evaluar previamente alternativas superadoras que no impliquen avanzar en decisiones tan drásticas y extraordinarias como lo es una expropiación. 
El problema radica, entonces, en tener la idea de un rumbo y en hacerla explicita. Si eso existiese, el debate sería otro, más elevado, más serio y constructivo. No un simple peloteo de eslóganes, mientras los hechos se consuman, sin saber muy bien, propios y ajenos, el por qué. 
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