Leticia Callá es abogada patrocinante de la ONG y explicó en su visita a LA VOZ DEL PUEBLO que lo que se presentó “es un procedimiento administrativo que está previsto no para este caso en particular sino para todos en general. Para que cualquier persona que tenga una opinión en contrario, o que se sienta lesionada en sus derechos por alguna decisión que toma la administración pública -en este caso la Municipalidad de Tres Arroyos- pueda hacer llegar su opinión y pedir su reclamo”. 

Acompañada por la secretaria de la entidad, Ana Colantonio, contó que pide que “revisen la ordenanza 5891/09 que declara urbanizables una cantidad de millas costeras que exceden lo permitido porque hay un decreto provincial que jerárquicamente está ubicado a un nivel superior al que el municipio tiene que acogerse”. 

Explicó que como el Concejo Deliberante ya había aprobado una ordenanza adhiriéndose expresamente al decreto 3202/06, “hay una manifestación expresa de querer cumplir este decreto y posteriormente resulta que aprueban una ordenanza que no tiene nada que ver con las normas y voluntades anteriores”.  

Consultada por el peso legal de la ordenanza en cuestión, Callá respondió que “no tiene”. La letrada explicó que para aprobar aquella norma local no se siguió “un procedimiento específico para ordenanzas que regulan el ordenamiento territorial”. 

Previo a ser sancionada se debió enviar el proyecto a la gobernación de Buenos Aires para que la autoridad competente diga ‘si, es acorde a los lineamientos de la política de ordenamiento territorial de nuestra provincia’”, precisó. 

Igualmente la abogada remarcó que tampoco un particular podría accionar contra el municipio porque se trata de una ordenanza general, que no fue aprobada en beneficio de ningún emprendimiento en particular. 

Asimismo la patrocinadora legal de GAPTA contó que la ordenanza –por la que una vez más se pide su derogación- “tiene lesiones institucionales que son gravísimas y otras ambientales”. 

Señaló que la primera tiene que ver con el ordenamiento de las normas. “Si creamos una ordenanza y el mismo sistema la desoye entonces las normas no tienen por qué ser cumplidas y dejan de tener sentido. En ese sentido se crea un caos normativo. La verdad que es una falta de estado de derecho porque la norma deja de tener valor”, subrayó. 

Ejemplificó con que “primero digo ‘nosotros nos adherimos al decreto’ y vamos a urbanizar hasta 7980 metros lineales, que es lo que da el cálculo de acuerdo a la fórmula que ordena el decreto. Y resulta que después decimos ‘no, nos gustó eso’, y sin explicar por qué. Está obligado el Gobierno a fundamentar”, remarcó. 

En cuanto a las lesiones ambientales, Callá manifestó que “está a la vista de todos, porque todos somos usuarios de los balnearios locales. Todos hemos crecido un poco a orillas de las playas. Todos podemos ser testigos de las diferencias que hay, de los trabajos que se están haciendo y de los perjuicios que nos pueden traer”, sostuvo. 

La línea de ribera también fue tomada como una cuestión preponderante, de parte de Colantonio. Después que desde la Autoridad del Agua dieran a conocer en Tres Arroyos que la misma estaría fijada próximamente, destacó una serie de consideraciones.

Al consultar al geógrafo Walter Melo, de Bahía Blanca, desde la ONG, el investigador les advirtió que el frente costero es “un valor medio ambiental importantísimo porque restituye la arena a la dinámica costera, son reservorios para agua dulce, hay diversidad biológica; pero se contrapone a los intereses empresariales de las inmobiliarias, de los privados, como también del propio municipio”. 

También expresó Colantonio que la línea de ribera alcanza a ser demarcada producto de un trabajo hecho “durante cinco años” en los que se requieren mediciones del movimiento de las mareas de la costa. 

“Del promedio de los cinco años de esas mediciones resultaría la línea de ribera que no puede ser menor a los 250 metros, y si hay médano frontal -como en el caso nuestro- no puede ser menor a 300 metros. Se mediría a partir del pie del médano frontal. Entonces tendríamos más metros que preservar”, contó mientras dijo esperar que el trabajo de la Autoridad del Agua, haya contemplado todo ese proceso. 

De acuerdo a Lucía Callá “a mediados de noviembre” se cumplirían los 30 días hábiles para que el municipio responda a la presentación hecha en la que se pide –una vez más- por la derogación de la ordenanza del año 2009. Y Colantonio indicó que intentan “por todos los medios” no llegar a una instancia judicial superior, pero puntualiza que “nunca” fueron respondidos los pedidos de información pública que hicieron al municipio desde la entidad. 

 “Lo único que vemos es que demoran, demoran y demoran en tomar decisiones. Cuando no somos los únicos que estamos participando. También el Colegio de Arquitectos ha fundamentado desde el punto de vista urbanístico un montón”, dijo mientras ambas lamentaron que toda contribución hecha hacia al municipio no haya sido considerada. 

Incluso confió Colantonio que “el pedido de derogación se hizo porque el municipio nos lo pidió tanto a nosotros como al Colegio de Arquitectos. Ellos mismos nos dijeron que ‘no podemos derogarla porque nosotros la armamos, así que pidan ustedes la derogación’". 

La integrante de GAPTA contó que ha pedido del secretario de Obras Públicas de ese momento (Eduardo Groenenberg) la solicitud les fue hecha por el secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D’Annunzio. 

Dijo además que en el marco del diálogo que intentaron construir con el municipio “es como que aparece un nuevo funcionario que desconoce toda la movida, y sigue dudando de lo que hay que hacer”, dijo en alusión a “un concejal del vecinalismo que está en la comisión de Turismo”, a quien identificó como Santiago Orfanó, una vez que se le preguntó. 

Consultada Callá sobre qué tipo de reclamo judicial podría sobrevenir, señaló que “lo más probable es que se aplique un amparo pidiendo no innovar, que se suspendan todos los proyectos hasta que el Poder Judicial resuelva en forma definitiva si corresponde, desde el foro contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires”.