El pedido del fiscal Gustavo Zorzano estuvo dirigido a Juan José Abinceta, Javier Emanuel Curruinca, Mauricio Esteban Duchosal, Jorge Ezequiel Ostiza y Hugo Walter Plaza, por el delito de “uso de documento falso y defraudación en perjuicio de la administración pública”.

En tanto, las defensas de los imputados, a cargo de la doctora Laura Pereyra, del Ministerio Público de la Defensa, en representación de Hugo Plaza y Javier Curruinca, y el doctor Mario Fabián Montenegro, por Jorge Ostiza, Mauricio Duchosal y Juan José Abinceta, solicitaron la libre absolución de sus defendidos o, de manera subsidiaria, la pena mínima de los delitos imputados.

La audiencia de alegatos comenzó pasadas las 10 en la sala de audiencias “Doctor Eduardo Ricardo Ruppell” y, en su alegato, el fiscal Zorzano se encargó de distinguir las supuestas responsabilidades de los imputados de las del entonces Secretario Municipal de Seguridad, Ricardo Magrath, eje del escándalo político que oportunamente generó la revelación de esta denuncia anónima.

“No interesa de donde salió el documento o si lo consiguió o abonó Magrath. Esa documentación (los títulos apócrifos) fueron utilizados por los imputados sabiendo que eran documentos falsos. Atribuir responsabilidades a Magrath no es excusa”, dijo el representante del Ministerio Público, antes de remarcar que los imputados “nunca estudiaron en esos establecimientos y mucho menos recibieron esos títulos”, agregó.

Durante su exposición, Zorzano separó las imputaciones que, a su entender, se dieron en concurso ideal. Así, al referirse a la imputación por “defraudación a la administración pública”, sostuvo que, “se da por haber percibido un ingreso sin las condiciones para ese cargo y existe un dolo, porque sabían que no cumplían con los requisitos existentes”.

Por su parte, el doctor Montenegro fue el primero en exponer los argumentos defensores de sus representados, acerca de quienes sostuvo que fue “una movida ajena a mis defendidos” antes de solicitar que sean “absueltos por inhabilidad de título”. Al mismo tiempo, el abogado aseveró que “ellos nunca dijeron que tenían el secundario terminado” y señaló a Magrath como el responsable, “ya que era el jefe”.

“La Municipalidad debe ejercer el control y Magrath dice en los audios que ‘esto llega arriba y se soluciona´. (Mis clientes) fueron mal asesorados y cometieron un error en confiar en el (entonces) Secretario de Seguridad”.

En tanto, la doctora Laura Pereyra, coincidió en responsabilizar a Magrath por el uso de los títulos y se refirió a la autenticidad de los audios del escándalo, como prueba de que fue el funcionario de seguridad en 2014 y 2015 quien provee los títulos a los imputados, “la persona a la que hay que acusar es la que provee los títulos. Algo que quedó probado en los audios”, indicó y, a su vez, atacó la acusación por “defraudación”, ya que, según la abogada, “las remuneraciones fueron un trabajo realizado”.

Antes de dar por terminada la audiencia, los imputados Mauricio Duchosal y Ezequiel Ostiza hicieron uso de su derecho a declarar.

El primero en hacerlo fue Duchosal, quien declaró que, “toda la vida hemos trabajado y hemos sido buena gente. Con respecto a lo que se dijo de que nos queríamos pasar de la Patrulla Urbana por un mejor sueldo, no es así. Es que se terminaba la Patrulla Urbana y nos quedábamos sin trabajo. Jamás hemos tenido una causa, ni problemas en la calle, en todos lados donde hemos trabajado pueden hablar bien de nosotros”.

En tanto, Ostiza, se levantó, dio un paso al frente y, con sus manos atrás, se dirigió a juez Gabriel Giuliani diciendo que, “yo no quise engañar a nadie. Cuando empezamos la Patrulla Urbana, dejamos bien en claro que no teníamos secundario. Que teníamos títulos de primario. Trabajamos, la persona que era responsable en ese momento, fue el mismo que después inició la Policía Municipal. Yo trabajé toda la vida y lo hice porque me quedaba sin trabajo en la Patrulla Urbana” concluyó.

Tras esto, el juez Giulani pidió un plazo más extenso de los tres días que estipula la norma para dar su fallo, ya que está cumpliendo funciones en distintos estamentos judiciales a raíz de las carencias ya conocidas en el fuero penal de Justicia con respecto a las vacantes, en este caso, de jueces correccionales. Por lo tanto, será en el transcurso de la semana cuando se conocerá la fecha de lectura de su resolución.