La Plaza de la Memoria fue el lugar del encuentro, como es habitual, tras una marcha que se inició en la Plaza San Martín y recorrió la avenida que lleva el nombre del Libertador. Hubo reflexiones, música con Sergio Troiano y Encuentro Indígena plantó un árbol.

Andrea Elgart, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, regional Tres Arroyos, compartió parte de un texto de la periodista, escritora y docente Josefina Giglio, hija de desaparecidos, realizado para la Universidad Nacional de San Martín. Giglio deja en claro que la memoria es un trabajo colectivo y “cada voz cuenta, vale”; en el escrito, subraya que “se debe accionar políticamente, provocar y provocarse memoria. La memoria no debe ser sólo de las víctimas, porque así se reduce, se limita, se atomiza, se diluye, termina siendo algo que le pasó a otros. Que no construye trama, ni repone el sentido de lo sucedido”.

Posteriormente, Andrea Elgart leyó el documento de la APDH, con la adhesión de diversas organizaciones como nodo local de Red por la Identidad, Suteba, Ni Una Menos, Encuentro Indígena; así como del bloque de concejales de Todos y la presidencia del Concejo Deliberante, entre otros.

En principio, expresa que “siempre dijimos, y así ha quedado demostrado ante la historia, que la dictadura dañó a toda la sociedad: a miles de familias con las desapariciones forzadas y a todo el pueblo con la miseria planificada y sus consecuencias. Ese 24 de marzo de 1976 los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe de las corporaciones nacionales y extranjeras”. 

Menciona la existencia de “más de 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, desapariciones forzadas, asesinatos, vuelos de la muerte, apropiaciones de bebés, delitos sexuales, encarcelamientos, robo de bienes…”.

También subraya que “el miedo, instalado en las fábricas militarizadas -como nos contó la ex presa política tresarroyense Carmen Miranda, secuestrada en Astilleros Río Santiago - y en la feroz persecución a sus comisiones internas, contaba con la propaganda de la prensa de las corporaciones, que a las masacres las llamaba enfrentamientos, mientras que a los delitos de lesa humanidad les garantizaba el silencio”. Indica que “el Plan Cóndor criminal de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina invadió la región bajo órdenes de las embajadas de Estados Unidos. Una cúpula de la Iglesia que, cuando no era parte del terror, elegía ser parte del silencio. Una Triple A que precedió al golpe, anticipando lo que iba a ser”. 

Entre otras consideraciones, plantea que “se utilizó el terror para disciplinar al pueblo: 30.000 personas detenidas desaparecidas, 10.000 presas y presos políticos y miles de exiliados”. 

El escrito señala que “quienes están en las fotos de las pancartas son quienes recordamos hoy y siempre. Son nuestros familiares, nuestros compañeros y compañeras. Son a quienes extrañamos, reivindicamos y, en su mayoría, seguimos buscando, porque 47 años después del golpe miles y miles de cuerpos siguen desaparecidos. Los pactos de silencio nos siguen impidiendo saber dónde están y también que cientos de personas nacidas en cautiverio en los centros clandestinos conozcan su identidad”.

Sobre la economía nacional, puntualiza que la deuda externa “durante la dictadura genocida creció más de 300 por ciento”, afirma que resultaron beneficiados con esta política “los principales grupos económicos” que “además se vieron favorecidos en las décadas siguientes por las presiones del Fondo Monetario Internacional para que los sucesivos gobiernos avanzaran en la flexibilización laboral, el achicamiento del Estado y la destrucción de la salud y la educación pública. Estos empresarios, responsables también del genocidio, condenaron a nuestro pueblo a la pobreza y al hambre por generaciones, e incluso en muchos casos, participaron directamente en secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. Tras cuatro décadas de democracia, los mismos grupos siguen causando el mismo hambre. Impunes de su responsabilidad de ayer y de hoy gracias a la misma corporación judicial”.

Cuestiona a “los sectores de privilegio, los grupos económicos y la derecha antidemocrática” que “han logrado concentrar recursos para condicionar cada avance de la sociedad democrática y popular”.

El documento valora el juzgamiento a “los jerarcas de la dictadura en el Juicio a las Juntas”, luego de lo cual menciona el retroceso que implicaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; así como el duro golpe que significó el indulto. La trascendencia de los Juicios por la Verdad, hasta que “a partir de 2005, con la anulación de las leyes de impunidad, y del año siguiente, cuando el Estado argentino pidió perdón por los delitos atroces de la dictadura, pudimos decir que logramos profundizar la democracia”.

Por otra parte, le otorga relevancia a “derechos para los sectores populares. Particularmente, destacamos la ampliación de los derechos civiles para la comunidad LGBTQ+ con la ley de matrimonio igualitario, la documentación no binaria y las leyes de cupo trans. Las intensas luchas de las mujeres que han logrado la visibilización de las violencias, y el avance en las políticas públicas que permitieron la promulgación de las leyes de Educación Sexual Integral y de Interrupción voluntaria del embarazo, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación”. 

Con énfasis, afirma que “no queremos una democracia administrada por el FMI. El endeudamiento feroz que contrajo el gobierno de Mauricio Macri volvió a condicionar la política económica de manera contraria a los intereses populares. El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la población debilitan también la vida democrática”.

Asimismo, pone el eje en “los discursos de odio promovidos y alimentados por sectores antidemocráticos de la oposición, o el lawfare, ese sistema mafioso que surge del entramado de la corporación judicial y los medios concentrados, que persiguió y encarceló a líderes y dirigentes populares y hoy sigue generando prácticas donde la forma de dirimir diferencias es con la eliminación del otro”.

Observa que “una de las mayores deudas de la democracia es la erradicación de la violencia institucional” y manifiesta: “sigue siendo urgente que se terminen estas prácticas contrarias a un estado de derecho: violencia policial y de otras fuerzas tanto nacionales como provinciales, abuso de autoridad, criminalización de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detención, causas armadas de las que son víctimas principalmente los sectores populares”.

Considera que es necesario y fundamental “impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prácticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita”.

En la parte final del texto, la APDH junto a las organizaciones que adhieren, denuncian -como lo vienen haciendo desde 2016- “la existencia de presas y presos políticos en nuestro país. La más emblemática de ellas, Milagro Sala, quien junto con otras compañeras de la Tupac, lleva ya siete años detenida injustamente en la provincia de Jujuy. Frente al agravamiento de su estado de salud, y agotadas las instancias judiciales, reclamamos al Presidente de la Nación que resuelva la libertad para Milagro Sala sin haber recibido, al día de hoy, una respuesta a nuestro reclamo”, asevera.

Por último, luego de enumerar los reclamos que identifican a las organizaciones de Derechos Humanos y la frase, reiterada en tres ocasiones, “¡30.000 detenidos-desaparecidos: presentes, ahora y siempre!”, se nombraron a los desaparecidos tresarroyenses.  

En el escrito leído ayer por la tarde, se marca la negativa “al uso de las armas Taser, que son picanas portátiles y pueden llegar a ser letales. Son calificadas por organismos internacionales como elementos de tortura. La picana es incompatible con la democracia”.

El documento leído en la Plaza de la Memoria, incluye “el enorme logro que implica que se sustancie en Bahía Blanca la llamada Mega Causa Zona 5, donde entre otros hechos ocurridos en esta ciudad, se ha ventilado el operativo militar conjunto llevado a cabo entre el 14 y el 15 de septiembre de 1976, a cargo de Osvaldo Bernardino Páez -uno de los imputados en el juicio-, en el que se hicieron requisas, allanamientos y detención de personas”.

Recuerda que “30 personas fueron secuestradas, llevadas al Palacio Municipal., cuyo Salón Blanco ha sido destacado como sitio de Memoria, y luego a la comisaría local. Varias de las víctimas de la llamada Operación Trigo han tenido la oportunidad de contar lo ocurrido ante la justicia, por primera vez”.

La agrupación Encuentro Indígena de Tres Arroyos realizó, como parte del acto central del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la plantación de un árbol de una especie nativa. Fue donado por Betina Fernández, vecina de nuestra ciudad. La actividad se realizó en memoria de los desaparecidos y pueblos originarios