Al igual que cuando entró en funciones como Fiscal General en esa jurisdicción, en 2017, el pasado 30 de enero juró ante el Procurador General Jorge Miquelarena y volvió a ascender en su carrera, al asumir la jefatura de la circunscripción fiscal a la que llegó tras un concurso que ella misma se encargó de buscar poco después de haber finalizado sus estudios universitarios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

María Florencia Gómez tiene 46 años de edad y es madre de una adolescente de 13 años. En Tres Arroyos, cursó los estudios secundarios en el Instituto Nuestra Señora de Luján, donde según le confesó ayer en un diálogo telefónico a LA VOZ DEL PUEBLO, aún conserva sus mejores recuerdos y mantiene vivo el vínculo con sus autoridades educativas, “siempre me tienen presente y, después de esta noticia, me llamaron para felicitarme”.

Sus recuerdos de la infancia y adolescencia, como así también el cariño por Hilda Otonello, su abuela paterna, son cosas que siempre la mantienen cerca de nuestra ciudad.

Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con especialización en Derecho Penal, donde se recibió en el año 2005. Luego de eso, optó por revisar los boletines informativos de los distintos poderes judiciales del país, hasta que encontró una posibilidad en Chubut, donde trabajó en la Asesoría General de Gobierno de la Provincia como abogada externa.

Finalmente, en 2008, se desempeñó en la Procuración General de Chubut, y a partir de 2010, como funcionaria en la Fiscalía de Rawson, hasta que llegó su nombramiento como Fiscal General en 2017.

Hija de Omar Gómez y María del Carmen Chistte (su fallecida madre cuando todavía era una estudiante), el pasado 30 de enero, la doctora María Florencia Gómez también se transformó en la primera mujer que guía las responsabilidades de los fiscales de Rawson.

Especialista en casos de homicidio y abuso (justamente los dos delitos más frecuentes en esa jurisdicción), antes de llegar a su cargo actual tuvo que afrontar compromisos duros, como la investigación y juicio oral al gremialista docente de esa provincia, Santiago Goodman, acusado de la comisión de daños e incendios en el edificio de la Legislatura, durante un reclamo salarial en 2019.

En ese juicio, Goodman terminó condenado a tres años de prisión en suspenso y, entre los argumentos de su defensa, existió una acusación de “espionaje ilegal” sobre la fiscal tresarroyense que, en esa oportunidad, y ante el sentido de la imputación, recibió el apoyo de la Asociación Argentina de Fiscales. 

En un texto aprobado por la Comisión Directiva y firmado por su presidente, el doctor Marcelo Varona Quintián, se hizo referencia a los ataques sufridos por la tresarroyense en el ejercicio de sus funciones. “La situación es particularmente grave, porque además la Magistrada fue víctima de escraches y amenazas implícitas y veladas”, dice el texto publicado en el diario Clarín, antes de mencionar el caso como ejemplo de la soledad y la exposición que sufren en muchos casos los miembros del Ministerio Público.

“Fue muy importante para mí y para mi trabajo recibir el apoyo de esa entidad”, recordó la profesional a este diario, quien ya se prepara para afrontar otro debate de similares características al caso Goodman, tras los incidentes desatados en diciembre pasado en el centro de Rawson, durante una protesta contra la sanción de la Ley de Zonificación minera en la Provincia.