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La Ciudad

Negó la restitución de terrenos

Desalojo violento: para el Juez, no hubo usurpación

10|07|18 09:25 hs.

El juez Alberto Gallardo no hizo lugar al pedido de restitución de terrenos ubicados en Rondeau 1550, requerido por el municipio, en un fallo del 31 de mayo al que este diario accedió en la jornada de ayer. 


En el escrito manifestó que no se encuentra acreditada la usurpación de la propiedad de la calle Rondeau N° 1550, tomándose como tal el ingreso clandestino por uso de la fuerza a un inmueble, en este caso, un terreno que la Municipalidad reclama. 

El juez no encontró motivos para considerar a la familia usurpadora y, en este punto, hace la diferenciación en relación a la situación de ocupantes del terreno en cuestión. Por tal motivo sugiere dirimir en el fuero civil esta última cuestión. 

En la resolución Gallardo manifiesta que la usurpación no está acreditada y no otorga la restitución del inmueble a la Municipalidad. 

Otro aspecto para resolver es cómo queda “la acción delictiva de la policía” -según fuentes de Asuntos Internos- por el desalojo, “porque no existió usurpación, por lo que no se restituye los terrenos a la Municipalidad, pero tampoco debieron ordenar la acción violenta como lo hicieron”.

El fallo 
En el texto resolutivo Gallardo expresa que “no se encuentran acreditados alguno de los medios comisivos de ingreso ilegal a la propiedad de Rondeau N°1550 que permitan hablar del tipo penal de usurpación de propiedad” y agrega que esto es así “al margen de hallarse constatada la ocupación del inmueble que le otorgaría al supuesto afectado la posibilidad de acudir a la vía del fuero civil para regularizar la situación del bien en cuestión y posteriormente intentar su recupero”.  

El caso 
El juez establece en su escrito que en el legajo surge que a raíz de un llamado al número de Emergencia Municipal de un ciudadano de apellido Swaels, refirió que en la calle Rondeau 1550 aproximadamente, se estarían usurpando terrenos (v.fs 20- vta).

Luego continúa explicando que “en este sentido, la agencia fiscal interviniente ordenó se practique una constatación del domicilio referenciado” y por entonces encontró que “existe una vivienda precaria de madera, chapa y plástico y en su parte frontal se encuentra en construcción una pieza de ladrillos, observándose la existencia de materiales de construcción”. 

La resolución determina que se constata que en la vivienda habita la familia Estrup formada por el matrimonio y sus tres hijos de 6 meses, 6 y 8 años. Refiere a dos testimonios de vecinos que manifiestan que la familia reside en el lugar hace más de un año y medio (de la fecha que se les tomó declaración). 

“A la vista de todos” 
Gallardo rubrica en el texto que se menciona el decreto municipal 115/17 en el que se declara la prescripción administrativa a favor de la Municipalidad de Tres Arroyos. “En este caso no se encuentra demostrado la clandestinidad alegada por el representante de la vindicta pública, ni mucho menos se vislumbra la verificación de algún otro de los restantes medios comisivos taxativamente enumerados por la norma, pese a constatarse la ocupación que le otorgaría al supuestamente damnificado la posibilidad de acudir al fuero civil”. 

El juez no encuentra motivos para considerar que el encausado haya ingresado clandestinamente junto a su familia al inmueble, “ya que de las declaraciones recabadas lo único que pudo extraerse es que Estrup construyó su vivienda en un terreno baldío a la vista de todos sus vecinos”. 

Por lo tanto el juez finalmente resuelve que “no se hace lugar al pedido de restitución del inmueble sito en la calle Rondeau 1550 solicitado por la agencia fiscal en favor de la denunciante del municipio de Tres Arroyos”. 

La historia 
El año pasado, una noche fría de principios de octubre, un grupo de por lo menos nueve efectivos de la Policía Comunal llegaron a la casa de la familia Estrup y utilizando una “linga” atada a un patrullero le tiraron abajo una de las paredes de la vivienda precaria que habitaban, porque los habían acusado de usurpadores. 

Declaraciones cruzadas entre el jefe de la Policía Comunal, comisario Pablo Rigo y el subcomisario Gabriel Blanco, concluyeron en que en una comisión de Asuntos Internos investigue el proceder violento de efectivos de la Policía, que finalmente fueron desafectados. 

La ex directora de Prevención Ciudadana, Catalina Loza, quedó fuera de funciones luego que el intendente municipal decidiera no continuar con su contrato. Se confirmó que ella llamó a las autoridades de la Policía Comunal para que intervengan en el mencionado terreno. 

Todavía no se conocen las causas por las que Loza emitió la orden para el desalojo de la familia Estrup sin constatar la usurpación, tampoco los motivos por los que los efectivos actuaron sin orden judicial y en forma violenta.