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Tres alumnos y un profesor apuntados por las falsas amenazas contra escuelas

En medio de una serie de operativos a raíz de las amenazas de bomba en escuelas de la provincia de Buenos Aires, tres menores y un profesor de matemáticas fueron demorados. Los cuatro sospechosos fueron encontrados en nuevos operativos realizados por agentes de la Policía en La Plata, Berisso y Quilmes. 

El primero de los allanamientos se realizó en una casa del Barrio Villa San Carlos, en Berisso, donde los agentes incautaron el celular de un joven que presuntamente usaba para hacer los llamados. “Papá y yo laburamos todo el día como burros y me pagás así. Esto no se perdona”, dijo la mamá del chico. 
“Esta vergüenza que me estás haciendo pasar no te la perdono”, señaló la mujer ante los efectivos.
En otro procedimiento realizado en Quilmes, la Policía identificó a un profesor de matemáticas de 46 años en su casa de la calle República del Líbano al 900, en otra causa relacionada al delito de intimidación pública. 
“Se trata de un docente que da clases en los colegios Normal 20, Media 3 y 4 de Quilmes y además se halla investigado en otras causas del mismo tenor”, dijo uno de los investigadores.
“En el allanamiento se secuestraron gran cantidad de aparatos celulares y chips prepagos, un distorsionador de voz y documentación varias de recortes periodísticos relacionados a instituciones públicas y a estos hechos”, indicaron las fuentes que participaron del operativo. 
Por último, dos adolescentes de 14 y 17 años fueron allanados ayer en La Plata. Se cree que son los autores de llamados amenazantes que se registraron días atrás en los colegios Liceo Mercante y en el industrial Albert Thomas, de donde son alumnos. 
Si bien por tratarse de menores de edad los implicados fueron rápidamente entregados a sus padres, ahora la Provincia podrá promover una demanda civil para que los adultos se hagan cargo de los costos del operativo, se indicó. 
El procedimiento indica que ante cada falsa denuncia al 911, desde la Fiscalía solicitan a las empresas de telefonía que les informen sobre la titularidad de las líneas desde la cual se hicieron los llamados. Las empresas tardan entre tres y diez horas en responder a esos requerimientos. 
A raíz de los recientes hechos, especialistas de la Policía bonaerense realizan jornadas de concientización por intimidación pública en escuelas de la provincia para desalentar los llamados. “Ya no es una broma, es un delito”, dicen los especialistas, quienes explican que ante la alta demanda por este tipo de situaciones tienen que trasladar agentes de otros lugares. (DIB).  
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