La Corte reclamó a Vidal una recomposición salarial

En una acordada firmada ayer por todos los miembros del máximo tribunal y el Procurador General, Julio Conte Grand, la Corte exigió a Vidal un incremento salarial para este año que “pondere los valores inflacionarios”, los cuales, aseguran, “como es de público y notorio han
de ser mayores a la pauta inicial retributiva del 15%”. 

En tanto, la Corte pidió “un programa de recomposición salarial progresivo y sustentable” que contemple la “relevante” brecha que existe respecto de la Justicia nacional que, según aseguró, “es mayor al 40% y que, en el caso de los jueces, supera con holgura ese porcentaje”. 

El reclamo del máximo tribunal bonaerense fue publicado el día de un nuevo paro de los trabajadores judiciales, quienes reclaman la reactivación de las paritarias sectoriales y se quejan por haber sido recibidos una sola vez por el Gobierno: fue en mayo, cuando se les ofreció un aumento del 15% en tres tramos.

En el comunicado, la Corte pareció respaldar este reclamo, al señalar que “pese a lo avanzado del año, las negociaciones paritarias del sector de los agentes judiciales no han concluido”. 

Además, hizo especial hincapié en que la inflación proyectada para este año será superior
a esa cifra, por lo que reclamó al gobierno de Vidal “la necesidad de que los sueldos de los magistrados, funcionarios y agentes judiciales correspondientes al año en curso ponderen los valores inflacionarios informados en el índice de precios al consumidor del INDEC”. 

En ese marco, los jueces de la Corte señalaron que la justicia nacional y federal “ha otorgado incrementos para todos los niveles que acumulados sobrepasan el 15%”.
Como contrapartida, indicaron que “el adelanto salarial dispuesto hasta ahora para el Poder Judicial de la Provincia ha sido del 3% a partir de enero y llega sólo al 7% a partir de marzo, pese a que la inflación correspondiente al primer semestre del año ha de ser del doble de este
guarismo”. 

Frente a esto, el máximo tribunal advirtió que este “deterioro salarial” podría generar “un menoscabo al servicio de justicia, que es consustancial al Estado de Derecho”.