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Hace doce años que las playas esperan ser accesibles

Junio comenzó con temperaturas muy bajas y alguna que otra helada. Para contrarrestar el clima las declaraciones del concejal vecinalista, Santiago Orfanó, tiraron leña al fuego, y revivió una deuda del Estado municipal que lleva doce años. 

Ni bien se votó el rechazo de la rendición de cuentas de la Administración Central y del Hospital, el edil salió al cruce criticando duramente al interbloque peronista y a Cambiemos porque no alzaron las manos para aprobar los números municipales. Cuestionó la actitud que la ligó a un acuerdo tácito “contra” el vecinalismo. 
Sin embargo, omitió contar que tanto el peronismo como la UCR –parte de la Alianza Cambiemos- votaron en contra de las planillas de recursos y gastos realizados en la Administración Central, Claromecó y del Hospital prácticamente durante todas las rendiciones de cuentas presentadas por el intendente Carlos Sánchez desde que gobierna. Tampoco dijo que la diferencia entre aquellos años, y éste, fue que ya no tienen la mayoría que les aseguraba la aprobación sin mayores discusiones. 

El concejal vecinalista, Santiago Orfanó, presidente la comisión municipal de Turismo

El martes a la mañana, antes de la reunión de la Comisión de Turismo que preside, intentó nuevamente defender los recursos municipales, esta vez en relación a la bajada accesible de Claromecó. 
Argumentó que el Municipio se “viene haciendo cargo, ya en este verano hubo gente de Turismo trabajando allí”, y también habló de la posibilidad de presentar una opción integral para mejorar la calidad de nuestras playas en el sentido de la accesibilidad. 
Tal vez desconoce, o se olvidó que ya hay dos ordenanzas que regulan desde el año 2006 la inclusión de personas con discapacidad en los balnearios. En todo caso sólo mencionó la licitación del parador Borneo -poniendo todas las fichas en el lugar- y en las adecuaciones que se les exigen a próximos oferentes.
Si el concejal consulta el digesto de la Municipalidad va a leer una norma de septiembre del 2006 (5591/06) y otra de agosto de 2010 (6092/10) que regulan la accesibilidad en las playas. 
La primera ordena que las estructuras edilicias a construirse en futuras licitaciones de balnearios (desde el año en que se votó), deberán realizarse sobre pilotes, con materiales que puedan ser removidos y solamente serán de mampostería los sanitarios. Además contempla que en los balnearios consolidados, donde se encuentren estructuras edilicias fijas, se sustituirán al llegar a su período de obsolescencia los materiales no reciclables por materiales reciclables, con un plan de obras para redistribuir las áreas de uso, suprimiendo la generación de productos contaminantes. 
En referencia a la accesibilidad se ordena -desde hace doce años- que el concesionario instrumente un plan para que la totalidad de las instalaciones del balneario sean accesibles para los usuarios con capacidades diferentes, con sanitarios adaptados, rampas o medios mecánicos, caminos y senderos de dimensiones, diseño y materiales de acuerdo a estándares vigentes, áreas para estacionamiento de vehículos, señalización específica y personal especializado. 
Y desde hace ocho años otra legislación establece que los concesionarios de los balnearios del partido de Tres Arroyos sean clasificados de acuerdo a su accesibilidad para todas las personas, la cual estará dada por la cantidad de elementos mínimos indispensables con los que cuenten. A través de un sistema de cantidad de soles la clasificación será de playas accesibles de máxima, mediana y mínima según tengan estacionamiento adaptado, rampas y pasarelas de madera, vestuarios adaptados, duchas y baños adaptados, zona de sombra adaptada, sillas y muletas anfibias, más personal de apoyo para el baño y vigilancia. 
También indica que a los balnearios ya concesionados se les sugiera elaborar un programa de obras para adecuar la accesibilidad al balneario al menos a la categoría de playa accesible “2 soles”, y será condición ineludible para futuras concesiones (a contar desde el 2010). 
Hace doce años que los concejales de la UCR y del Justicialismo pensaron y votaron respectivamente las normas vigentes, aprobadas también por el vecinalismo. 
El municipio debe asumir la responsabilidad de mantener y controlar el uso de la rampa accesible porque la norma vigente así lo indica, no es algo novedoso, es una obligación.
La misma ordenanza indica que antes del 31 de mayo se hagan las recategorizaciones de acuerdo a las modificaciones a favor de la accesibilidad que cada concesionario haya hecho, cuestión que tiene ocho años de espera, a partir de la norma sancionada en 2010. 
“Para este verano dependemos de cómo avancen las obras y los recursos que podamos disponer”, explicó Orfanó, al relativizar la aplicación a futuro de las ordenanzas que deben aplicarse desde hace años 
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