115 años junto a cada tresarroyense

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Despejado

Desde la Redacción

Desde la Redacción

A rendir cuentas

15|12|17 18:25 hs.

El Estado no es una empresa. No se puede hacer con él lo mismo que un privado hace con lo suyo. Pero parece que las reelecciones llegan a confundir a aquel a quien se le da la confianza de administrar lo público, aquello que nos pertenece a todos. Y pareciera que es bastante fácil confundirse con lo que no es propio. 


 Los tresarroyenses esperan una reacción de quienes los representan. Quieren saber por qué el Estado -es decir todos- tenemos que pagar juicios cargados de plata que se va a perder. 

Deben conocerse los motivos por los cuales a un par de autoridades políticas se les ocurrió dejar de cumplir con una ordenanza que se venía respetando en la anterior gestión vecinalista, la del ex intendente Carlos Aprile que terminó en diciembre de 2003. 

La ordenada y austera, la que representaba a la "política de otros tiempos", según se mofaba el intendente Sánchez en épocas de internas partidarias.

Dar explicaciones 
Hay un par de funcionarios que no deben eludir la responsabilidad de dar explicaciones. Si hay tanto entusiasmo en los anuncios de todo tipo, sobre todo en épocas de vacas gordas, cómo no va a haber ahora necesidad de aclarar por qué el municipio debió llegar a tal punto de incumplimiento y de necedad, que hasta recibió en el término de seis meses dos reveses de la Suprema Corte de Justicia. 

Y sobre todo teniendo en cuenta que el último fallo abrió las puertas para una demanda económica aún mayor. Dejó picando un jugoso antecedente para los profesionales "universitarios" de la salud pública enrolados en la asociación de profesionales, que seguro ven con justicia hacer el reclamo, como todo aquel trabajador que en su ámbito advierte la misma falta en contra de su bolsillo.  

Pedido de concejales 
Es momento entonces de que los legisladores que integran el nuevo Concejo Deliberante pidan todas las explicaciones que deban darse, en representación de todo el pueblo tresarroyense. Las aclaraciones y excusas podrán efectuarse en el contexto de un pedido de interpelación que corresponde que nuestros dieciocho concejales pidan. Y quienes deben exponer sus verdades no son otros que los máximos responsables políticos en la toma de decisiones que van a afectar el bolsillo común del pueblo tresarroyense. 

Seguramente el correspondiente pago de las liquidaciones a los integrantes de la asociación, como también al mismo doctor Ricardo Quijada, que debe acordarse en plazos breves, afectará al presupuesto municipal de 2018, y en consecuencia podría verse comprometido el cumplimiento de algún servicio, o la concreción de alguna obra, que por su falta siempre pega en el bolsillo del vecino.  

Hacia el tribunal 
Si llegara a ocurrir que el pago de los juicios se liquide desde las mismas arcas municipales, significa que nadie entonces ha llevado el caso al Tribunal de Cuentas, el órgano que debe verificar si los funcionarios incurrieron en alguna falla, para que en consecuencia respondan con su propio bolsillo -alimentado con fondos públicos- los costos de las decisiones que afectan a la población. 

 Es por eso que el pueblo tresarroyense no espera menos que los concejales se comprometan con el inmediato pedido de interpelación al intendente Carlos Sánchez, y al jefe de Gabinete, Hugo Fernández, bajo cuya gestión dejó de aplicarse en la salud pública la ordenanza de La Carrera Médico Hospitalaria, dejando de liquidarse los sueldos tal como allí se establece, y obviando los llamados a concursos que hoy tienen al Hospital Pirovano recargado con nombramientos interinos.