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Tres Arroyos vie 23 de Junio de 2017

  LO AFIRMA UN DICTAMEN DE LA ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO

Aseguran que el municipio puede restringir el uso de la pirotecnia

     
21.04.2017 ....

La Asesoría General de Gobierno le respondió al presidente del Concejo Deliberante de Tres Arroyos, Luis Aramberri, la consulta realizada por el cuerpo legislativo respecto a la viabilidad legal de un proyecto de ordenanza que prohíbe la fabricación, comercialización, almacenamiento, circulación, transporte, distribución y uso de artículos de pirotecnia en el partido de Tres Arroyos. En un extenso escrito en el que constan fallos, legislación vigente, antecedentes -y en carácter no vinculante- el organismo afirma que "del estudio de los fallos que la Corte nacional tiene resueltos, los derechos individuales no son absolutos, y pueden ser limitados o restringidos de modo razonable por la autoridad competente. Se puede inferir que toda actividad que actual o potencialmente agreda la tranquilidad pública debe ser limitada o evitada, a través de reglamentación municipal razonable". Y agrega que "el municipio posee, el ejercicio del poder de policía, competencia para reglar aspectos tales como la habilitación y radicación de comercios e industrias en el distrito, en materia de sanidad pública y seguridad en general, por las relaciones de vecindad y de todas aquellas que tengan relación con el interés público local de acuerdo a las atribuciones y competencias".

Legislación local

En consecuencia este dictamen deja en manos del Concejo Deliberante tresarroyense la responsabilidad de poder llevar adelante un exhaustivo análisis del conjunto de normas que en la actualidad legislan sobre el tema en cuestión, con el objetivo de hallar la proporcionalidad y razonabilidad que supere el control de constitucionalidad ante un eventual planteo judicial.

Amplias facultades

Además señala que "las municipalidades poseen legalmente amplias facultades sobre restricciones a los derechos constitucionales individuales (inclusive sin excepciones de ninguna especie), y que, según cómo dichas normas son descriptas (actividades permitidas, no permitidas, etc.) y aplicadas pueden desembocar en consecuencias jurídicas que generen responsabilidades ulteriores. Ello, en el entendimiento de que la reglamentación de los derechos, reconocidos constitucionalmente y aun los implícitos, debe ser razonable, guardar proporcionalidad. La Corte sostiene que los derechos individuales no son absolutos, y pueden ser limitados o restringidos de modo razonable por la autoridad competente".

Conflicto de interés

El dictamen de la Asesoría General de Gobierno menciona también que "ante un conflicto de interés generado por la reglamentación de una actividad o derecho, el discernimiento sobre la razonabilidad de las ordenanzas, leyes en sentido material y formal, será fundamental elemento de evaluación en sede judicial, tras el cúmulo de las probanzas y fundamentos aportados en el caso concreto, convirtiéndose en la actividad crucial para la definición del mismo".

Antecedentes

Esta propuesta legislativa fue presentada por un grupo de vecinos y fundan la misma en la defensa y preservación del medio ambiente consagrada en el artículo 41 de la Constitución Nacional y normas legales que reglamentan dicha garantía; a la que se opone una entidad empresarial que nuclea a comerciantes de pirotecnia amparada en la Ley Nº 20.429 que habilita su libre comercialización. La Legislatura de la Provincia tramitó varios proyectos de ley con el mismo objeto que el de la ordenanza, algunos Municipios de la Provincia han dictado ordenanzas estableciendo igual prohibición de almacenamiento, circulación y comercialización de estos productos de manipulación riesgosa a la salud, en razón de los miles de accidentes que, año tras año, son de público conocimiento.

Límite al privado

En su respuesta al titular del Poder Legislativo, el organismo bonaerense explica que "los municipios tienen a su cargo el deber de establecer reglamentaciones en materia de policía (arts. 5°, 121°, 122° y 123° de la Constitución Nacional)", y resalta que frente a la necesidad de los Estados Provinciales y jurisdicciones locales de establecer legislaciones que regulen las prohibiciones indicadas, "no es dable pasar por alto que ello podría afectar un cúmulo de garantías constitucionales que amparan la libertad de contratar y fabricar estos bienes, su libre circulación y comercialización como se insinuó más arriba". Y en cuanto al uso del material pirotécnico, remarca que "la actividad privada de los individuos solamente puede ser prohibida o limitada cuando afecte a la moral pública o a derechos de un tercero (art. 19 primer párrafo CN)".

Cruce de derechos

El escrito también plantea un escenario para que se legisle localmente ante una eventual "colisión de derechos reconocidos constitucionalmente a partir de las consecuencias que generan tanto la producción como el uso de ciertos artefactos de pirotecnia cotejada con la comodidad, tranquilidad y seguridad de la población", y propone que frente al posible cercenamiento al ejercicio de derechos constitucionales, deberá aplicarse la Ordenanza General 190/76 que en sus fundamentos reconoce "... la preferencia de los usuarios hacia los artificios de efectos lumínicos facilitará la compatibilización de este rubro con la seguridad y tranquilidad públicas" y que "en cuanto a los artificios para espectáculos públicos se han realizado las adaptaciones necesarias clasificándolos de acuerdo con la peligrosidad y molestias que generan a terceros y se han fijado nuevas condiciones para la zona de seguridad". Con lo que queda dicho, existirían algunas variantes de producción menos lesivas y por lo tanto, tolerables.