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Tres Arroyos mie 23 de Agosto de 2017

   DESDE LA REDACCION

¿Garantías "en crisis"?

     
2017-03-05 Por Jorge Enrique Mendiberri [email protected]

En el Juzgado de Garantías de Tres Arroyos se viven días difíciles y no es a raíz del criterio que su titular le da a las distintas causas que recaen en su escritorio.

Según pudo confirmar LA VOZ DEL PUEBLO a través de consultas off the record con las personas supuestamente afectadas, el titular del órgano judicial tresarroyense fue objeto de una denuncia por presuntos maltratos a un prestador de servicios informáticos de la Corte, a quien deliberadamente le habría prohibido el acceso a su Juzgado, aparentemente luego de haberlo insultado y castigado verbalmente sin motivo, una actitud que ya habría tenido con otras personas del entorno.

Tal como indicaron distintas fuentes consultadas del ámbito judicial de Tres Arroyos, la atípica reacción del doctor Rafael Oleaga lo llevó a ser objeto de una investigación interna a cargo de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, desde donde además, sin abundar en detalles, le confirmaron a este diario el inicio de actuaciones en tal sentido.

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Voz del Pueblo, el incidente que hizo objeto a Oleaga de una investigación interna, surgió entre agosto y octubre del año pasado, durante la realización de una actualización informática dispuesta por la Corte en todos los Juzgados de la provincia, ante la necesidad de modernización tecnológica que requería el sistema judicial.

La misma consistía en la instalación de un programa que aceleraba digitalmente las presentaciones judiciales y, a su vez, le daba a las partes la confirmación del ingreso de los expedientes a Garantías y, por consiguiente, el inicio de los tiempos procesales, al margen de si el juez tomó vista o no del expediente, una circunstancia que molestaría mucho al magistrado.

Aparentemente, el acceso restringido del trabajador por parte de Oleaga al edificio de 1810 y Sarmiento, bloqueó el avance de su actividad y, la imposibilidad de continuar con el desarrollo de ese software, hizo que la denuncia en la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte bonaerense no se haga esperar.

Asimismo, una comisión de dicho ente, se entrevistó no solamente con todo el personal del Juzgado de Garantías con el que Oleaga comparte sus horas de trabajo diario y con quienes, según se supo extraoficialmente, no tendría diálogo y prácticamente no los saluda, como así también con fiscales y miembros de otros organismos de la Justicia tresarroyense.

El objetivo era analizar la supuesta "crisis" (por llamarla de alguna manera) por la que estaría pasando el hombre que convalida o desestima las investigaciones fiscales de índole penal, excarcelando o deteniendo a los sospechosos de distintos delitos que se cometen en nuestra ciudad y son capturados, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de las personas en el marco de esas pesquisas.

 

Antecedentes

En ese sentido, también pudo saberse que éste no sería un episodio aislado producto de la actitud del juez de Garantías, quien ya vio "desfilar" a siete secretarios en los últimos diez años, que dejaron de trabajar a su lado, incluso, a cambio de una situación laboral de menor categoría que la lograda en el juzgado que abandonaban.

Asimismo, años atrás, una trabajadora del Juzgado de Garantías, habría presentado una nota en el gremio por presuntos malos tratos por parte del juez y, en el ambiente, sospechan que Oleaga habría usado sus contactos para postergar su tratamiento.

En forma paralela, desde hace muchos años se viene cuestionando el, a veces, excesivo garantismo con el que doctor Rafael Oleaga trata las distintas causas penales que caen en su escritorio.

Sospechosos de distintos delitos muchas veces encontraron en el criterio del titular del Juzgado de Garantías la manera de recuperar la libertad y llegar excarcelados al juicio oral. Porque muchas veces, a pesar de cuestionar la prueba en la instrucción de la causa, la termina aceptando para que el imputado llegue a juicio y sean sus colegas del Tribunal Criminal los que, en primera instancia, dicten un eventual veredicto condenatorio.

O, según se comenta en los pasillos del Ministerio Público Fiscal, privilegiaría los pedidos de "eximición de prisión" hasta su última instancia de apelación, antes de darle lugar a los pedidos de detención que simultáneamente se presentan ante ciertos casos. Una actitud por la que habría recibido notas desde estamentos superiores sugiriendo una revisión de su criterio, el cual permite a muchos sospechosos de delitos permanecer en libertad hasta la fecha del juicio oral, con el consiguiente riesgo de que apelen al delito para, por ejemplo, financiar sus gastos de representación legal o necesidades personales, afectando la seguridad de los vecinos.

Los mismos vecinos que, en repetidas oportunidades, incluso con el poder político como punta de lanza, llegaron hasta las puertas de su juzgado para increparle esa actitud y hasta lo arrastraron a la comisaría para compartir su malestar con la policía, como ocurrió en 2001, tras el crimen de Armando Quintela, y en 2004, tras la muerte de Gonzalo Ferretti, en un caso que no afectaba su actividad, pero sirvió como disparador del malestar social de aquel momento a raíz de la inseguridad y la "puerta giratoria" que representaban sus resoluciones.

Sin embargo, el castigo que tres de esos cientos de manifestantes recibieron años más tarde, frenaron las expresiones populares de los tiempos que siguieron, aunque no el malestar que, por estos días, ve con asombro como el juez aplica sobre la gente de su ámbito, la mano dura que la sociedad le reclama sobre la delincuencia.